DGAC destituye a dos jefes tras sumario por "robo del siglo" en aeropuerto

SANTIAGO.- De a uno, los cinco funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) investigados por las fallas de seguridad que el 12 de agosto permitieron el asalto más cuantioso de la historia de Chile -US$ 10 millones que una banda armada se llevó desde la misma losa del aeropuerto Arturo Merino Benítez- llegaron en la mañana de ayer al edificio institucional de calle Miguel Claro, en Providencia, para ser notificados del resultado final del sumario administrativo.

Dos de ellos, el jefe del aeropuerto AMB, Eduardo del Canto Hidalgo, y el jefe de seguridad del terminal, Rolando Alegría González, entraron por última vez como funcionarios de la DGAC. Luego de un proceso que se extendió por casi ocho meses, ambos fueron objeto de la máxima sanción, la destitución de sus cargos, por infringir sus obligaciones y provocar un "grave entorpecimiento del servicio", al omitir una serie de conductas y actos reglamentarios y por no haber ejercido el control jerárquico que les correspondía respecto del personal de seguridad aeroportuaria (AVSEC), según informó El Mercurio.

"Me deja una sensación muy amarga", admite Lorenzo Sepúlveda, el fiscal administrativo que realizó la investigación interna que sumó 12 tomos y tres mil páginas, sobre todo el episodio. "De alguna manera, afectó el prestigio de la DGAC. A lo mejor, el robo se hubiera producido igual, pero si se hubieran cumplido todos los procedimientos, quizás las cosas habrían sido absolutamente diferentes", agrega.

Aunque Sepúlveda emitió el dictamen fiscal y propuso las sanciones el 11 de noviembre, los recursos ejercidos por los afectados -incluyeron apelaciones ante el director de la DGAC y ante el comandante en jefe de la Fuerza Aérea- dilataron el proceso hasta el 31de marzo, cuando la Contraloría tomó razón del mismo. Todas las instancias ratificaron lo resuelto por el fiscal.

Según Sepúlveda, Del Canto y Alegría fallaron en hacer cumplir aspectos como el estudio de seguridad del aeropuerto; el plan nacional de aviación civil y la fiscalización de normas a las que el personal debía ceñirse. Por ejemplo, que los camiones de transporte de valores lleguen al lado del avión para entregar las remesas de dinero y que permanezcan allí hasta que se cierren las puertas de la aeronave. El día del robo, el camión de Brink's se detuvo en la zona de carga y los valores fueron trasladados al descubierto en un carro de maletas, lo que facilitó el accionar de los asaltantes.

También fueron sancionados el jefe nacional de seguridad de aviación, José Ili Salgado (suspendido por 30 días, más privación de la mitad de su remuneración mensual), el jefe de servicios de aeródromos, Rodrigo Silva Salbach, y el director del departamento de aeródromos, Héctor Barrientos Parra, ambos con el 20% de su remuneración.

Mientras Ili recibió el castigo inmediatamente anterior a la destitución por haber infringido obligaciones como actualizar el Plan Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, a Silva y Barrientos se les atribuyó no haber ejercido control interno. "Ellos tendrían que haberse dado cuenta que su gente no había cumplido determinadas cosas", precisa el fiscal Sepúlveda. Sobre la condición de jefes de los sancionados, enfatiza que "acá no se cortó el hilo por lo más delgado".

Consultado sobre el origen del relajamiento que se detectó en la seguridad de AMB, el secretario general de la DGAC, Ricardo Gutiérrez, concluye: "No tuvimos la capacidad de darnos cuenta que la amenaza había mutado hacia algo más peligroso".