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Santiago: Martes 03 de diciembre del 2024 | Actualizado 14:44
SANTIAGO.- En medio de la crisis institucional desatada por los casos Penta, SQM y Caval, la semana pasada comenzó a circular un rumor según el cual por lo menos tres ministros del gobierno de Michelle Bachelet habrían recibido financiamiento de la minera, actualmente en la mira del Ministerio Público por presuntos delitos relacionados a la entrega de aportes irregulares a campañas políticas.
La información comenzó a difundirse tras la última denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII) presentada el 2 de abril ante la Fiscalía Nacional contra la firma controlada por Julio Ponce Lerou por supuestos delitos tributarios por una suma que bordea $4.482 millones.
Ante este escenario el titular de Justicia, José Antonio Gómez -quien ayer viernes rindió su cuenta pública- descartó cualquier relación con la compañía y enfatizó que en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal nacional Sabas Chahuán no aparecerá nada que lo pueda vincular a la causa.
"Todo el mundo tiene que tener claro lo que ha hecho y cada uno debe hacerse responsable", declaró el secretario de Estado en entrevista con Emol, en alusión a las posibles boletas que se presumen ideológicamente "falsas" y que pudiesen comprometer a integrantes del gobierno.
Inmediatamente después, descartó haber recibido dineros de SQM para financiar su campaña senatorial en 2005 o presidencial de 2013. "No hay ninguna posibilidad, ninguna", dijo enfático Gómez, quien explicó que en cualquier escenario la minera no lo habría apoyado, porque "soy de los que he hablado de estatizar, alguien que quiere que las eléctricas sean públicas y alguien que habla de la recuperación de los recursos naturales".
"Revuelo comunicacional" en caso Caval
Respecto al caso Caval, que involucra a Sebastián Dávalos, hijo de la Mandataria, Gómez evitó opinar porque, a su juicio, "cuando uno habla de temas que no conoce, comete errores".
"Hay que esperar el resultado de las investigaciones", agregó, en relación a la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía de Rancagua por presuntos hechos de negociación incompatible, violación de secreto y tráfico de influencias.
"Todo esto es un revuelo comunicacional, ya el fiscal verá si considera si hay delito o no, es tema de él, opinar sobre estos puntos me parece que es un error", concluyó.
