Caso Caval: Fiscalía revisa 18 gigabytes de información contenida en correos de imputados

SANTIAGO.- Un par de horas al día dedica el fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, para revisar correos electrónicos de los imputados que están siendo investigados en el caso Caval por los presuntos delitos de revelación de secreto, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

También hay e-mails de la otra arista que indaga el persecutor por la querella por estafa en contra de Caval, que interpuso Hugo Silva. Este último fue quien adquirió los terrenos de Caval, el 5 de febrero de 2015, por un precio de $9.500 millones.

En lo que va incautado hasta ahora en la indagatoria, la fiscalía tiene información por un total de 18 gigabytes , la que está asociada a extensiones PST (que son los archivos de datos de Outlook), y unos 70 mil registros, según informó El Mercurio.

Un correo, sin ningún elemento adjunto, en promedio pesa 100 kilobytes . Es decir, se puede llegar a 1,8 millones de e-mails , aproximadamente. Eso, sin considerar que puede haber correos que contienen documentos.

Para tener una dimensión del nivel de información que tiene el equipo investigador, los 18 gigabytes caben en cerca de 4 DVD (que soportan 4,7 gigabytes cada uno).

Cómo se dividen trabajo

El persecutor Toledo se encarga él mismo de leer todos los e- mails de cuentas personales que ha incautado a los imputados que están siendo investigados.

Mientras que los correos electrónicos de las cuentas institucionales son revisados por el equipo policial del OS-9 de Carabineros y por un equipo del Cibercrimen de la PDI.

También colaboran en esta función los otros dos fiscales que trabajan con Toledo: Sergio Moya, fiscal jefe de Rancagua, y Javier von Bischoffshausen, fiscal jefe de San Fernando.

Por lo menos una vez a la semana se junta el equipo de alta prioridad de la Fiscalía de O'Higgins (que componen todos los fiscales) para trazar líneas investigativas, decretar diligencias a la policía y oficiar a instituciones como bancos y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Palabras clave

En el Ministerio Público se utiliza un programa computacional de búsqueda de palabras clave, que es el primer filtro para revisar los correos electrónicos incautados, lo que facilita en parte la labor de los equipos de trabajo.

Así también se ha hecho en otras investigaciones complejas como el caso Penta y SQM, donde existen formalizaciones por delitos tributarios, cohecho y lavado de dinero.

Luego de este primer filtro se comienzan a revisar las comunicaciones electrónicas.

En materia de delitos económicos, la incautación de e-mails en casos complejos ha resultado ser una importante prueba, tanto en la reforma procesal penal como también en el sistema antiguo.

Así lo estableció la ministra Gloria Ana Chevesich -actual integrante de la Corte Suprema-, quien se constituyó en la Coordinación General de Concesiones del MOP en 2004 para incautar 180 cintas con correos electrónicos enviados y recibidos desde 1997 por el caso Gate, convirtiéndose en una de las pioneras de este tipo de diligencias, que en 2008 estuvieron nuevamente en el debate cuando el ex fiscal Vinko Fodich incautó computadores en La Moneda por el caso de los supuestos pagos irregulares al comando de la Presidenta Michelle Bachelet.

También el fiscal Toledo incautó desde La Moneda los soportes y documentos digitales que usó Sebastián Dávalos Bachelet, hijo de la Presidenta, como director del área sociocultural de la Presidencia. También tiene el computador que se incautó en la casa de Dávalos.

Hasta ahora, han incautado correos electrónicos también de los socios de la empresa Exportadora y de Gestión Caval Limitada: Mauricio Valero y Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.

Además de Victorino Arrepol, quien fue contratado por Valero como asesor comercial de Caval para conseguir financiamiento; Sergio Bustos, quien ayudó a conseguir crédito para la empresa, y Hugo Silva, comprador de los terrenos de Machalí.

También la fiscalía tiene la CPU, disco duro interno y seis archivadores del seremi de Vivienda de O'Higgins, Wilfredo Valdés, quien fue el que tasó los terrenos antes de asumir en ese cargo.