El presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe.
Christian Zúñiga, El Mercurio.VALDIVIA.- El Consejo General del Ministerio Público, integrado por el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, quien lo preside, y todos los fiscales regionales del país, manifestaron su "profunda preocupación y sorpresa" por la decisión del Ejecutivo de retirar la prioridad legislativa al proyecto de fortalecimiento de la entidad.
En un comunicado, los jefes persecutores señalaron que "no resulta coherente con la actuales circunstancias y exigencias sociales en relación con la persecución penal, ni con el consenso que existe respecto de la imperiosa necesidad de fortalecer la institución en todas sus dimensiones, lo que se ha materializado en un proyecto de ley de robustecimiento".
Agregaron que el proyecto ha sido trabajado por 8 años, que ha generado expectativas y que "no deja de preocuparnos la oportunidad de dicha decisión atendida la actual coyuntura en que la Fiscalía de Chile se encuentra".
A ellos se sumó la Asociación de Fiscales, cuyo presidente Claudio Uribe, calificó de "incomprensible" y "altamente cuestionable", la decisión del Ejecutivo.
El dirigente aseguró que hay contrariedad en los persecutores porque "la Fiscalía se encuentra dedicada a la investigación de delitos de alto impacto social y requiere apoyo de todos los actores relevantes. La señal que ha enviado el Ejecutivo es justamente la contraria y podría entenderse como un reproche a la proactividad del Ministerio Publico".
"Además de todo lo discutible que resulta dilatar el fortalecimiento a una Institución que es un pilar en la lucha contra la delincuencia, con esta decisión se contradice abiertamente con las supuestas prioridades legislativas del Ejecutivo en materia de seguridad", aseguró Uribe.
"Es incomprensible que primero se anuncie con bombos y platillos que hay compromiso en la lucha contra la delincuencia y que por ello, entre otras cosas, se reforzará la fiscalía, pero luego, sin mayor explicación, el gobierno frena nuevamente este proyecto de ley", afirmó.
Funcionarios anuncian movilizaciones
En tanto, en "estado de alerta" se declararon hoy los funcionarios del Ministerio Público, que además anunciaron el inicio de una serie de asambleas con el fin decidir si paralizan sus funciones en las próximas horas.
Mediante un comunicado, la Federación Nacional del Ministerio Público de Chile,
que agrupa a 1.200 funcionarios auxiliares, administrativos, técnicos y profesionales de la entidad manifestaron también su "profundo rechazo" respecto de la decisión del ejecutivo de retirar de sus prioridades legislativas el proyecto.
En el escrito señalaron que la decisión se adoptó "pese a que constituye una promesa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y justo cuando el Estado debe fortalecer a la institución que vela por la persecución penal, en temas tan relevantes, como el caso Caval Penta y Soquimich".
"Impacta la poca seriedad del ejecutivo en materia de Seguridad Ciudadana y también en materia laboral, pues este proyecto no solo busca fortalecer al Ministerio Público con recursos para mejorar la investigación penal, sino también viene a instaurar la carrera funcionaria de todos los trabajadores de la institución", sostuvieron.