Fiscalía reafirma que dueños de Penta arriesgan penas efectivas de cárcel

SANTIAGO.- El fiscal Pablo Norambuena señaló esta tarde que los controladores del grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, arriesgan penas efectivas de cárcel durante la revisión de las medidas cautelares de los empresarios, formalizados por soborno y delitos tributarios, consumados y reiterados.

El persecutor añadió ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que las conductas de ambos son reiteradas en el tiempo, por lo que no es posible que accedan a penas sustitutivas.

En tanto, el fiscal Carlos Gajardo aseguró que Délano y Lavín incurrieron en financiamiento irregular de campañas políticas, aludiendo a la declaración del diputado de la UDI Felipe de Mussy, quien corroboró que recibió dineros para financiar su postulación a la Cámara Baja.

Asimismo, Gajardo desestimó todos los argumentos expuestos por la defensa de los empresarios, que pretende sustituir la prisión preventiva por el arresto domiciliario total.

Según indicó, toda su exposición fue una reiteración de los hechos que fueron materia de la formalización que se llevó a cabo el pasado 4 de marzo.

De acuerdo a lo señalado por el abogado Julián López, a sus clientes no se les consideraron las atenuantes con las que, a su juicio, cuentan los ejecutivos y que tienen relación con la irreprochable conducta anterior y la colaboración sustancial en la investigación.

A su vez, López afirmó que en ellos no existe la reiteración de los delitos de fraude tributario y soborno de la manera que lo atribuye el Ministerio Público y por ello, la pena por los mismos no es de la gravedad que le ha asignado la Fiscalía.

La defensa también indicó que se está trabajando desde el pasado 2 de abril con el SII para lograr el cálculo total del perjuicio fiscal y de esta manera devolver todo lo defraudado.

Los controladores de Penta se encuentran en prisión preventiva por decisión de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó-en fallo dividido de dos votos contra uno- la resolución del juez de garantía, Juan Manuel Escobar, quien consideró que eran un "peligro para la seguridad de la sociedad".

Esto, principalmente por "la gravedad de la pena asignada a los delitos, el número de delitos que se les imputa, el carácter de los mismos y el haber actuado en grupo".