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Oficial de OS-7 absuelto por narcotráfico en Arica: "Fue un asesinato de imagen pública"

El mayor (r) Víctor Rodríguez revela a Emol su impotencia por estar por más de un año detenido por un delito que no cometió y que ya inició los trámites para ser reincorporado a Carabineros.

06 de Mayo de 2015 | 17:45 | Por Francisco Águila Vega, Emol
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El oficial (r) de espaldas hablando con su abogado, Alejandro Peña, durante la realización del juicio.

El Mercurio (Archivo)

SANTIAGO/ARICA.- "Un asesinato de imagen pública". Así define Víctor Rodríguez Huerta, mayor (r) del OS-7 de Carabineros de Arica, lo que vivió durante más de un año en que estuvo en prisión preventiva por el bullado caso de los efectivos de esa institución acusados de narcotráfico.


En entrevista con Emol, el oficial recuerda con dolor e impotencia los días tras las rejas, pero asegura que el hecho de haber sido absuelto por el tribunal oral en Lo Penal de Arica fue una "extrema alegría", pues la fiscal regional, Javiera López, estaba pidiendo 42 años de cárcel en su contra.


En la edición de esta jornada de "El Mercurio" apareció una carta enviada por retirado jefe policial en que revela el considerando 51 de la sentencia absolutoria donde se señala que para el tribunal "resulta inexplicable la actitud del persecutor (González Zapata) y querellantes en este juicio, pues las mismas han pretendido una condena penal, en un procedimiento de legalidad cuestionada, que denota una torcida investigación".


"En 23 años de servicio, es primera vez que yo veo una resolución tan fuerte y tan crítica hacia el ente persecutor. Esto es muy grave y causa una sensación de rabia e impotencia, porque nos tuvieron privados de libertad por más de un año, con todas las consecuencias que eso trae en el ámbito profesional (se le pidió el retiro) y familiar. Es un costo muy alto", sostiene.


A raíz de lo anterior, Rodríguez se pregunta "¿Cuál es el costo para la otra parte?" En referencia al Ministerio Público, y revela que con su abogado está evaluando presentar una querella en contra del Estado.


"Nos vamos a tomar un tiempo prudente para analizar el caso en su totalidad, ver las diligencia que se han hecho y presentar un caso bien fundamentado para dar a conocer todo el daño que nos provocaron, a nuestra honra, las críticas en las redes sociales, en los medios de comunicación. Porque esto fue un asesinato de imagen pública, porque eso no se subsana con nada. El daño es muy grande", afirma.


Regreso a la institución


El mayor (r) es hijo y hermano de oficiales de carabineros. Es lo que "sabe hacer" –dice- y quiere volver a la institución para ejercer nuevamente su profesión.


"Nosotros estamos en un proceso administrativo para volver a la institución, porque 23 años es toda una vida. Nosotros ya pedimos la reincorporación y presentamos los documentos requeridos al Ministerio del Interior, porque no hay ningún impedimento legal que nos prive de esa oportunidad", revela.


Desde la institución se informó a Emol que se está llevando a cabo un proceso administrativo para anular la investigación interna que desvinculó a Rodríguez y a sus colegas, el capitán Leonardo Vilches Sepúlveda, y el sargento Nelson Gavilán Santos.


Consultado acerca de si el hecho de volver a Carabineros le impediría interponer una querella contra el Estado, el oficial (r) aclaró que ello no ocurrirá porque la acción judicial se presenta como persona natural y no como parte de una institución del Estado.

Sanciones al fiscal

Tras la resolución del Tribunal Oral en Lo Penal, el Ministerio Público inició un sumario administrativo en contra del fiscal Manuel González Zapata, que terminó en una sanción salarial, pero sigue trabajando en la Fiscalía de Arica.


 


"¿Estuvimos un año detenidos para que el tribunal decretara que fue una investigación torcida? Yo lo encuentro muy grave y vamos a hacer todo lo posible por exigir las responsabilidades civiles, porque esto es grave y espero que no le pase a otra persona", sostiene Rodríguez.


 


En la resolución judicial, se estableció que el fiscal González Zapata tenía absoluto conocimiento de los operativos por los que fueron detenidos los efectivos policiales y que los traficantes eran en verdad los bolivianos que quedaron en libertad y lo que es peor, según asegura el oficial (r), el Ministerio Público pagó los pasajes aéreos para que los extranjeros volvieran a su país, perdiéndoseles la pista.


 


"Nosotros fuimos absueltos de todo y los traficantes que detuvimos quedaron libres, declararon en contra nuestra, después de eso se les paga los pasajes. Son todos temas incomprensibles. Yo imagino que alguien en el Ministerio Público debe preguntarse qué pasó o hacerse una autocrítica", finaliza.

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