El fiscal de delitos de Alta Complejidad Oriente, José Antonio Villalobos, encabezó la diligencia.
El MercurioSANTIAGO.- Pasadas las 10:00 horas de este jueves, el fiscal de Delitos de Alta Complejidad Oriente, José Antonio Villalobos, junto a personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, llegó hasta las oficinas de Corpesca S.A. -ubicadas en Avenida El Golf N° 150- para solicitar la entrega voluntaria de la contabilidad de la empresa.
Así lo informaron a Emol fuentes que conocieron del procedimiento ordenado esta mañana por la Fiscalía, sobre la base de los antecedentes aportados ayer por la ex diputada por Iquique, Marta Isasi, quien declaró como imputada en la causa.
Las mismas fuentes agregan que el requerimiento contempló facilitación de los antecedentes contables de la pesquera -controlada por el Grupo Angelini- correspondiente a los años 2009 a 2014.
La ex parlamentaria compareció este miércoles ante el fiscal Villalobos tras ser citada en el marco de la indagatoria que persigue presuntos delitos tributarios y cohecho relacionados con pagos realizados por Corpesca a dos de sus ex asesores: Esteban Zavala y Giorgio Carrillo.
Estos, de acuerdo a la indagatoria, habrían sido utilizados para financiar de manera anómala la campaña política de la ex legisladora en 2009, hechos que, sin embargo, fueron negados por la mujer en el interrogatorio.
La Fiscalía, además, investiga el pago de $25 millones que habría recibido Isasi en 2009 por parte del gerente de la pesquera de ese entonces, Francisco Mujica, para que favoreciera a la compañía en la votación de la Ley de Pesca (2011), y las boletas que Zavala -su jefe de gabinete- entregó a la misma entre 2010 y 2013 por servicios que no habrían sido realizados.
La ex parlamentaria, en tanto, ayer expresó su disposición a colaborar en la causa y alzó el secreto bancario de su cuenta corriente, además de aportar una serie de documentos que ya fueron incluidos en la carpeta investigativa.
Marta Isasi ya cuenta con otra causa penal en su contra luego que en mayo del año pasado fuera formalizada por fraude al fisco.
Dicho caso se encuentra radicado en la V Región y según le atribuyó la Fiscalía, la ex legisladora habría actuado de manera negligente en el control de asignaciones parlamentarias por un monto que asciende a $143 millones.