Humberto Sierra Porto, presidente de la Corte IDH.
DPP / Aliosha MárquezSANTIAGO.- Decisiones como la adoptada en el caso de ocho sentenciados en el marco del conflicto mapuche, cuando el Estado chileno fue responsabilizado de "violar el principio de legalidad" , o la expropiación de tierras aprobada en Paraguay en favor de comunidades indígenas, han puesto en relieve el creciente papel que están cumpliendo las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en este ámbito.
De hecho, el presidente del organismo judicial panamericano, Humberto Sierra Porto, admite que una de "las problemáticas más comunes en América Latina" analizadas por la Corte "es la de las comunidades indígenas, y también lo relacionado con las explotaciones mineras y eventuales conflictos con derechos medioambientales".
El jurista aborda, en conversación con Emol, las críticas esgrimidas por distintos sectores sobre la creciente "judicialización" de conflictos relacionados con demandas esgrimidas por pueblos originarios, y el efecto que se atribuye a este escenario como motivo de retraso en el desarrollo de proyectos energéticos y productivos.
En este plano, el magistrado colombiano no elude el planteamiento de inquietudes sobre la aparición de esta nueva "instancia" internacional, cuyas determinaciones tienen un peso cada vez más decisivo y respetado por las autoridades de la mayoría de los países de América Latina -excepto Venezuela-
De visita en Chile, donde participó en una actividad académica organizada por la Defensoría Penal Pública y la Universidad Diego Portales (UDP), Sierra insiste en que el sistema latinoamericano de defensa de los derechos humanos es "complementario" y "nunca puede ser entendido como un sistema previsto para suplir las competencias de las autoridades internas".
"Lo que sí está claro, y es importante tenerlo presente, es que los principales garantes, quienes tienen que reconocer el alcance de los derechos y resolver este tipo de conflictos, son las autoridades nacionales, de acuerdo a las competencias establecidas por la Constitución chilena", enfatiza.
Por ello, asegura, "no puede ser la Corte Interamericana el órgano que decida todos los conflictos que se produzcan sobre este particular".
"Hablar de crear una nueva instancia es una afirmación un tanto desproporcionada", declara.
Entrega de tierras y caso paraguayo
No obstante, el magistrado destaca el escenario que se vive en Paraguay, donde resoluciones adoptadas por la Corte IDH han derivado en la adquisición de grandes extensiones de tierras en favor de comunidades indígenas locales.
"Lo interesante del caso de Paraguay es el cumplimiento de las sentencias en las cuales se ha ordenado adquirir una gran cantidad de extensiones de tierra para poder reubicar a las personas o para reconocer el derecho de las comunidades indígenas a tener un territorio propio", explica.
"Con grandes esfuerzos, Paraguay está avanzando de una manera muy significativa en este tipo de decisiones" que "van muy avanzadas", resalta.
Cabe recordar que en marzo de este año, por lo menos una comunidad mapuche -cuyos integrantes residen en la zona de Teodoro Schmidt, en La Araucanía- ha anunciado en marzo de este año su intención de presentar una demanda contra el Estado de Chile ante la Corte Interamericana, precisamente en un caso de demanda de tierras.
Al respecto, el juez Sierra insiste en que "no es el sistema interamericano el que en primer lugar debe entrar a conocer este tipo de asuntos".
Sin embargo, precisa, "el tema de cómo compatibilizar el derecho al desarrollo con los derechos medioambientales o los derechos de las comunidades indígenas, y las decisiones que tome la administración de justicia en este ámbito, no pueden ser considerados como el problema, sino como la solución en el útimo extremo que se puede dar".