SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de amparo presentado por la defensa del senador UDI Iván Moreira para evitar ser formalizado por presuntos delitos tributarios relacionados con financiamientos irregulares de campañas políticas.
De esta manera, el parlamentario deberá enfrentar a la justicia el próximo 22 de junio cuando la Fiscalía Nacional le comunique que está siendo investigado por los hechos descritos que revisten carácter de delito, a menos que ahora decida recurrir a la Corte Suprema para insistir en la anulación del requerimiento del Ministerio Público.
La acción fue presentada el lunes por el abogado del legislador, Gabriel Zaliasnik, quien argumentó que el ente persecutor estaba actuando de manera arbitraria e ilegal, ya que atentaba contra la libertad individual y la seguridad personal de su defendido.
Ello, porque su representado cuenta con fuero parlamentario y, por tanto, no puede ser objeto de medidas intrusivas hasta que eventualmente sea desaforado.
Lo anterior, sobre la base que al ser formalizado está siendo citado bajo apercibimiento, lo que -a juicio del abogado- no corresponde en el caso del senador Moreira.
Dichos argumentos fueron desechados por el tribunal de manera unánime por estimar que la vía por la cual recurrió de amparo no era la indicada, es decir, la Corte no se puede puede pronunciar en estas materias en esta etapa procesal.
Moreira será formalizado junto al ex senador Jovino Novoa, al ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, al diputado de la UDI Felipe de Mussy, y el ex diputado Alberto Cardemil.
A todos, el grupo de persecutores que dirige el fiscal nacional, Sabas Chahuán, les comunicará que son investigados por actos que tienen relación con la facilitación de boletas o facturas maliciosamente falsas por servicios no prestados y que fueron emitidas a Penta y SQM.
A Moreira, específicamente, se le imputará por una serie de boletas presumiblemente "falsas" pagadas por el grupo Penta y cuyos dineros habrían ido a parar a su campaña electoral.
En total, se trata de cinco documentos tributarios por $22 millones, extendidos por la ex asesora Andrea Schultz, su chofer Rodrigo Molina y la secretaria de la UDI, Verónica Nieto.