Empleados del Hospital del Salvador arriesgan hasta 5 años de presidio por venta de datos

SANTIAGO.- Sujetos a la medida cautelar de firma mensual y prohibición de acercarse a al Hospital del Salvador y al resto de los imputados quedaron este miércoles los tres funcionarios de la Unidad de Anatomía Patológica que este miércoles fueron formalizados por cohecho.

Se trata de Germán Carrasco, Luis Guerrero y Eduardo Sepúlveda, a quienes la fiscalía Oriente les atribuyó participación en los pagos de parte de personal funerario a cambio de datos de los difuntos y sus familiares.

Junto a ellos, también fueron imputados José Muñoz, Pedro Retamales y Danitza Acevedo, por sobornar a los funcionarios públicos para realizar este tipo de prácticas.

En la instancia también debían ser formalizados Carlos Yacomentti, José Shepherd y José Luis Aedo, quienes no comparecieron ante el tribunal por no ser debidamente notificados de la audiencia de comunicación de cargos, y sólo conocerán los hechos que se les imputan el próximo 29 de julio.

Según expuso el fiscal Rodrigo Varela, los empleados -miembros de la red pública de salud- habrían recibido pagos de diversas empresas a cambio de información respecto a cercanos de los pacientes fallecidos.

Estos eran contactados de forma rápida para concretar la entrega de servicios mortuorios y si se concretaban, aumentaba el monto de la comisión.

Por estos hechos, según detalló Varela, todos arriesgan penas que van desde los 3 años hasta los 5 años de presidio.

Investigación

La indagatoria -que comenzó con el trabajo del fiscal Carlos Gajardo- estableció que los montos pagados por la entrega de información estarían entre los $60 mil y los $150 mil y que ello era negociado con al menos ocho funerarias desde el año 2012.

Las pesquisas se iniciaron tras una serie de correos electrónicos anónimos que alertaron de ciertas irregularidades en el centro asistencial.

La investigación fue asumida por personal del OS-9 de Carabineros y, paralelamente, el hospital se querelló por presuntos actos de cohecho.

Entre las diligencias clave para establecer, en esta etapa procesal, la ocurrencia de los hechos que persigue la Fiscalía, destaca la intervención de los teléfonos de los funcionarios investigados que dio cuenta de las comunicaciones diarias que mantenían los imputados con los trabajadores de las funerarias en cuestión.

A partir de esta jornada, en tanto, el Ministerio Público cuenta con 100 días para investigar.