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Santiago: Miércoles 02 de octubre del 2024 | Actualizado 09:11
SANTIAGO.- Falta de prolijidad, omisión de fuentes, opiniones que carecen de sustento y errores en la tipificación legal son algunas de las críticas que realizó la comisión asesora que designó Chile Transparente para analizar el polémico capítulo sobre Chile incluido en el Informe Global sobre Corrupción 2009 de Transparencia Internacional, en el que se aludió directamente a Sebastián Piñera y su compra de acciones de LAN en 2006.
En un informe de 15 carillas, los abogados Enrique Barros y José Zalaquett y el economista Sergio Molina hacen un duro análisis del trabajo realizado por los investigadores Rocío Noriega y Marcelo Cerna.
En el documento, cuyo contenido fue adelantado la semana pasada por El Mercurio, se señala que "el informe sobre Chile contiene imprecisiones de hecho en aspectos sensibles, que podrían haberse evitado si los redactores hubiesen actuado con mayor prolijidad en la selección de las fuentes".
De acuerdo a los tres consejeros de Chile Transparente, "la narración de los casos D&S-Falabella y Lan-Piñera se encuentra sustentada principalmente por fuentes periodísticas que no necesariamente contienen información fidedigna sobre los hechos relatados".
Añaden que "la omisión de fuentes primarias en un trabajo de investigación aumenta el riesgo de incurrir en imprecisiones de hecho, que con mayor razón deben evitarse si la investigación alude a situaciones calificadas como casos de corrupción".
Respecto a la tipificación del delito al que hacen mención los investigadores, en particular cuando, bajo el título "El abuso de información privilegiada llega a las empresas chilenas", relatan la compra de acciones de LAN hecha en 2006 por Piñera, la comisión plantea que, en 2007, la Superintendencia de Valores y Seguros multó a Piñera por la falta de no haberse abstenido de comprar, pero nunca se probó delito en la operación.
"El Informe Global sobre Corrupción 2009 incurrió en un error, pues de su contexto se sigue una imputación al señor Piñera de una conducta delictiva, merecedora de reproche penal, en circunstancias que la SVS lo sancionó por un delito infraccional que da lugar a una multa", indica el texto.
En el trabajo que realizaron Barros, Zalaquett y Molina también se cuestiona el proceder que tuvo el directorio de Chile Transparente , puesto que -según afirman- el capítulo sobre corrupción debió ser revisado por esa entidad antes de ser enviado a Transparencia Internacional, y se pone en entredicho la nominación de los investigadores que realizaron el trabajo. En concreto, llaman la atención por haber convocado para la tarea a Marcelo Cerna, quien tiene contrato vigente con el Ministerio de Hacienda.
"La falta de tuición del Directorio en la designación de los redactores, en la aprobación del informe sobre Chile y en su divulgación, sugiere la adopción de medidas conducentes a mejorar la calidad de los informes, la previsión de conflictos de intereses y el óptimo nivel de transparencia en aspectos comunicacionales", se lee en las conclusiones del informe.
El documento está siendo analizado por el directorio de Chile Transparente que -según se publica hoy en la página web de la ONG- "estudiará las implicancias del informe, discutirá y adoptará medidas pertinentes y se abocará a diseñar e implementar un plan de trabajo que apunte a reformular la institucionalidad y procedimientos internos".
La mañana del miércoles 23 de septiembre se había publicado en internet el informe de Transparencia Internacional que aludía a Sebastián Piñera, cuyo capítulo chileno había sido enviado por Chile Transparente .
Y esa misma noche -en el debate en TVN- Eduardo Frei lo sacaba a relucir. "Hoy día hemos escuchado un informe de Transparencia Internacional, que le hace un cargo muy grave al candidato de la derecha por uso de información privilegiada (...). Una persona que aspira a la Presidencia no puede estar en los informes de Transparencia Internacional en esas condiciones".
El hecho causó la indignación de Piñera y de su comando. La ONG encabezada por Karen Poniachik quedó en entredicho. Se cuestionó su independencia, hubo renuncias y reuniones de emergencia. Finalmente, para evitar mayores críticas, la entidad designó una comisión de tres consejeros para que analizaran el capítulo en cuestión y los procedimientos que se llevaron a cabo.
