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Fiscal de California busca que se acuse a ex presidenta de HP

También lo hizo con otros cuatro implicados en el caso de espionaje.

04 de Octubre de 2006 | 17:45 | EFE

SACRAMENTO.- El fiscal general de California, Bill Lockyer, pidió el miércoles que se acuse criminalmente a la ex presidenta del directorio de Hewlett-Packard Co., Patricia Dunn, y a otras cuatro personas en el caso por la investigación de filtraciones en el directorio de la firma. Sin embargo, el funcionario no apuntó al presidente ejecutivo de la compañía, Mark Hurd.


Las cosas cada vez se complican más para la compañía, protagonista de un escándalo de espionaje a un grupo de periodistas y a sus propios directivos para averiguar quién filtró informaciones a la prensa. En un comunicado, Hewlett-Packard dijo que continuará cooperando con las investigaciones federales y del estado por las filtraciones en su directorio.


El fiscal Lockyer quiere llegar a las últimas consecuencias en la investigación de esta trama y para ello interpuso hoy, ante un tribunal del condado de Santa Clara, cuatro cargos contra Dunn y otros cuatro implicados, según avanza hoy la revista “BusinessWeek" en su edición online.


California ya dio un gran paso adelante en este sentido con la ilegalización, la semana pasada, del método de espionaje que utilizó la compañía, conocido como “pretexting,” y que consiste en llamar a una compañía de teléfonos como si fuera cliente para obtener información.


Lockyer, sin embargo, no incluyó entre los acusados a Mark Hurd, quien ocupa el cargo que abandonó Dunn.


Las otras cuatro personas contra las que se dirige el fiscal de California son Kevin T. Hunsaker, el ex consejero legal de la empresa; Ronald Delia, un detective privado de Boston; Joseph DePante, propietario de la empresa de base de datos Action Research Group, y Bryan Wagner, un residente de Colorado empleado por Action Research.


Cada uno de ellos -junto con Dunn- se enfrentan a cuatro cargos: utilizar falsas excusas para obtener información confidencial de una compañía, acceso no autorizado a información almacenada en un ordenador, robo de identidad y conspiración al cometer cada uno de estos delitos.


Hunsaker, quien dirigió la investigación, abandonó la compañía a finales de septiembre.


Delia, quien dirige la firma de detectives Security Outsourcing Solution, contrató a la compañía de DePante para obtener información.


Este, a su vez, contrató a Wagner para obtener el registro de llamadas de los directivos de HP y los periodistas, entre ellos dos de “Cnet,” una revista online de tecnología con sede en San Francisco; del “The New York Times” y del “The Wall Street Journal.”


Wagner identificó al directivo George Keyworth II como la fuente que filtró información a una reportera de la revista de tecnología Cnet.


Keyworth dimitió cuando el escándalo salió a la luz, a principios de septiembre, mientras que otro directivo, el inversor Thomas Perkins, abandonó el Consejo de Administración en mayo, cuando se enteró de los métodos que había utilizado la empresa y se convirtió así en el primero en dar luz sobre el asunto.


El escándalo llegó la semana pasada al Congreso de Estados Unidos, donde los implicados recibieron un llamado de atención pero no dijeron palabra, amparados en la quinta enmienda constitucional que les permite guardar silencio para no incriminarse en el asunto.


Dunn, la única que sí habló ante los congresistas, reconoció que cuando accedió al cargo uno de los principales encargos que recibió del consejo de administración fue determinar de dónde procedían las filtraciones que sufría la empresa.


Una de las filtraciones afectó a las deliberaciones privadas en el consejo sobre la salida de Carly Fiorina, entonces presidenta ejecutiva de HP.


Dunn dijo que cuando accedió a la presidencia pensó que la investigación, comenzada en el 2005, había sido autorizada por Bob Wayman, director financiero y consejero delegado en funciones.


La ex presidenta aseguró en el Congreso que en todo momento pensó que el sistema para rastrear las llamadas telefónicas de los empleados y periodistas era legal y basado en información pública disponible.


Al margen del embrollo legal, la ex presidenta de la compañía comenzará el viernes en San Francisco un tratamiento de quimioterapia para superar un cáncer de ovarios, enfermedad que ya antes había sufrido, según informa hoy "Los Angeles Times”.

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