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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 18:11
RÍO DE JANEIRO.- La comisión de Constitución y Justicia del Senado de Brasil retiró hoy un proyecto de ley que pretendía condenar a penas de cárcel a quienes no se identificasen al navegar por Internet, informaron fuentes legislativas.
El llamado “Proyecto de Ley Sustitutiva 124/06”, que iba a ser sometido al primer paso de aprobación legislativa HOY miércoles, recibió en los últimos dos días una lluvia de críticas desde diversos sectores de la sociedad brasileña, por lo que sus promotores decidieron archivarlo hasta un mejor momento.
El presidente de la Comisión, el derechista Antonio Carlos Magalhaes, determinó que la iniciativa legal sea retirada de la agenda y no hay una nueva fecha prevista para su votación, informó la Agencia Senado del Congreso.
El senador socialdemócrata Eduardo Azeredo, ponente del proyecto, dijo por su parte que no se oponía a dar más tiempo para la discusión después de que su propuesta desatara una ola de reacciones -la mayoría en contra- en el Gobierno, los medios de prensa, instituciones civiles y en la sesión plenaria del propio Congreso.
Azeredo dijo que podría convocar una audiencia pública para discutir el texto entre diversos sectores más allá del legislativo.
El proyecto, promovido por entidades financieras, establece pena de uno a cuatro años de cárcel a responsables de difusión de virus cibernéticos, robo y “clonación” de claves de acceso de tarjetas y teléfonos móviles, entre otros delitos.
También hace obligatoria, so pena de cárcel, la identificación del usuario antes del envío de correos electrónicos, entrar a salas virtuales de conversación, crear “blogs” o copiar y difundir vídeos y música.
Responsabiliza a los proveedores de Internet de la veracidad de los datos suministrados y éstos correrían con la misma pena en caso de permitir el acceso de internautas no identificados.
El texto es defendido por la banca y rechazado principalmente por Organizaciones no Gubernamentales y proveedores de Internet, que consideran que una ley así burocratizaría el uso de la red mundial y violaría libertades individuales.
Para usar la red en operaciones interactivas que involucren a más personas, el usuario debería suministrar a las compañías proveedoras su nombre, dirección, número de teléfono y de identificación.
Los administradores de red sólo permitirían el acceso una vez confirmados los datos, que deberían guardar por al menos tres años a disposición de la policía.
