Brasil: proyecto para controlar Internet puede flexibilizarse, dice su autor

BRASILIA.- Un senador brasileño que abrió polémica con un proyecto de ley sobre crímenes en internet que exige identificación obligatoria de usuarios de la red defendió este martes que se mantenga ese punto en su iniciativa, aunque dijo estar dispuesto a modificarlo para su votación.

En el marco del seminario Libertad de Acceso a Internet y Combate al Crimen Cibernético, realizado en la Cámara de Diputados en Brasilia, el senador opositor Eduardo Azeredo (Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB) dijo que acepta retirar el punto de identificación para "una aprobación gradual".

"Hay que luchar por lo ideal para alcanzar lo que es posible", dijo, aunque resaltó que esperaba que fuera validada "integralmente".

La propuesta de Azeredo que tipifica crímenes cibernéticos generó amplia polémica la semana pasada en el Congreso y en el gobierno, e incluso su votación fue postergada con fecha indefinida por ese punto.

Con ella se pretende atacar a quienes propagan virus, clonan tarjetas de crédito o falsifican documentos, entre otros.

En la última semana Azeredo había recibido unos 6.000 correos electrónicos de personas que protestaban por ese punto del proyecto, aunque el senador considera que eliminarlo traería perjuicios a los internautas.

La iniciativa de Azeredo propone que los proveedores de servicios de acceso a internet mantengan obligatoriamente por tres años los registros de los IP (dirección digital de los computadores), mientras actualmente las cuentas virtuales son registradas por seis meses, aunque no de forma obligatoria.

Además, se exige mantener por ese lapso la información histórica de acceso y el contenido enviado por los internautas.

Se establece también una pena de uno a cuatro años para los delitos como difusión de virus digital, uso de tarjetas de crédito clonadas y robo de contraseñas atribuye la responsabilidad por la identificación de los usuarios a las empresas proveedoras de acceso a internet.

Los legisladores y el gobierno quieren inhibir los crímenes cometidos en la internet, pero con un matiz equilibrado que resguarde los derechos de privacidad de los cibernautas.