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Santiago: Miércoles 04 de diciembre del 2024 | Actualizado 00:35
BUENOS AIRES.- Un juez argentino que sobreseyó a seis militares imputados por la explosión de una fábrica militar en 1995, fue denunciado por irregularidades en la causa, luego de que admitió haber copiado para su fallo datos de una página web que suelen utilizar estudiantes, informó el martes una fuente judicial.
El fiscal federal Carlos Stornelli denunció al juez Diego Estévez ante el Consejo de la Magistratura, y lo acusó de "arbitrariedad e irregularidades" en la sentencia.
La voladura de la Fábrica Militar Río Tercero, ocurrida el 3 de noviembre de 1995, dejó siete muertos, 300 heridos, 19.000 evacuados y 25 millones de dólares en pérdidas, además de graves daños y destrozos en esa ciudad de la provincia de Córdoba, al centro de Argentina.
El 6 de diciembre pasado, Estévez sobreseyó a seis jefes y oficiales del Ejército, con el argumento de que no hay suficientes indicios contra ellos, aunque tres de los militares siguen bajo juicio en Buenos Aires acusados por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995.
La semana pasada, el presidente Néstor Kirchner calificó el sorpresivo fallo de "vergonzante".
El sobreseimiento fue apelado por el fiscal y la abogada Ana Gritti, viuda de una víctima y única querellante, quienes atribuyeron el estallido al intento de borrar pruebas del tráfico de unas 6.575 toneladas de armamento durante el gobierno de Carlos Menem (1989-99).
La voladura de la fábrica militar fue considerada intencional por los peritajes judiciales, que establecieron que el fuego en un tambor de trotyl provocó los estallidos en cadena y que no pudo haberse iniciado accidentalmente.
Sin embargo, el juez admitió el domingo en una entrevista que en su fallo exculpatorio había copiado datos sobre trotyl de la página web Rincóndelvago.com, que suelen utilizar estudiantes secundarios, pero defendió "la validez de internet como fuente de información".
El ex director de la empresa Fabricaciones Militares coronel Edgardo González de la Vega había admitido ante la Justicia que "fue intencional" la tremenda explosión, que hizo llover millares de balas y municiones sobre la ciudad de Río Tercero, de 343.000 habitantes.
González de la Vega, uno de los imputados por el contrabando de armas, dijo en su momento ser inocente de causar la explosión, pero aseguró que había responsabilidad "del Poder Ejecutivo", sin mencionar a Menem, cuyo asesor Emir Yoma es uno de los encausados por la venta ilegal de material bélico a Croacia y Ecuador.
El contrabando se realizó mediante decretos secretos firmados por Menem y sus ministros, que autorizaron ventas a Panamá y Venezuela como destinos falsos, cuando los despachos terminaron en Croacia y Ecuador.
Según la investigación, en la fábrica fueron "’maquillados’ (borrándoles el escudo del Ejército argentino) obuses y cañones y se repintaron proyectiles viejos para que parecieran nuevos".
