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Santiago: Viernes 22 de noviembre del 2024 | Actualizado 01:05
BERLÍN.- En Alemania, la policía tendrá el derecho de espiar las actividades en cualquier computador sin necesidad de contar para ello con una autorización de la Justicia. Se trata de un plan de espionaje electrónico bastante avanzado, preparado por el Ministerio del Interior y que podría entrar en vigencia en 2008.
El plan promovido por el "hombre duro" del gobierno de la canciller Angela Merkel, el ministro del Interior y dirigente demócrata cristiano Wolfgang Schuble, generó polémica ni bien se conocieron hoy nuevos detalles a través de trascendidos de la prensa.
No sólo la oposición rechazó "los agentes troyanos" de Schuble, por considerarlos "exagerados" y "peligrosos para el Estado de derecho", sino que en la propia alianza de gobierno se escucharon las advertencias a no ir más allá de lo necesario.
Schuble y su ministerio consideran que el espionaje electrónico es "imprescindible" como arma para luchar contra la amenaza terrorista. Su idea es que la policía pueda investigar a escondidas cualquier computadora sin autorización judicial durante tres días y sin informar a los usuarios de los ordenadores.
Tampoco hace falta que el afectado sea directamente sospechoso, esté involucrado o relacionado con alguna actividad que pueda llegar a estar ligada con una amenaza terrorista. La policía no sólo podrá recoger datos sobre sospechosos, sino también de personas inocentes pero que "tengan un contacto, acompañen o estén ligadas de alguna manera al sospechoso".
Varios dirigentes del Partido Socialdemócrata (SPD), que integra junto a demócrata y socialcristianos la "gran coalición" de gobierno de Merkel, defendieron la idea del espionaje electrónico, pero descartaron que se pueda permitir sin control de la Justicia. "Es impensable que una medida así, que vaya tan lejos, sea apoyada por nuesro partido", aseguró el parlamentario socialdemócrata Dieter Wiefelsptz.
Su colega demócrata cristiano Wolfgang Bosbach, sin embargo, defendió los planes calificando la reacción de aquellos que los rechazan de "histérica".
No sólo la oposición política de ecologistas, liberales y socialistas rechazaron los planes por considerarlos que son dignos sólo de "Estados que buscan el control absoluto de sus ciudadanos", sino que las críticas llegaron también de círculos de la justicia, de colegios profesionales como los abogados, y de los periodistas, quienes reclamaron "archivar por completo los planes de control indiscriminado".
Peter Schaar, el Comisionado Estatal para la Protección de Datos de Particulares, señaló que el Estado "no necesita en estos momentos los poderes que está demandando el ministro del Interior", además de descartar la viabilidad de que se pueda utilizar como prueba judicial cualquier información que se recoja con esos mecanismos.
Sin embargo, en contraposición, un portavoz del Ministerio del Interior advirtió que "cualquier demora en convertir en ley los planes incrementará los potenciales riesgos" para la sociedad en su conjunto.
