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Gobierno panameño pretende rastrear comunicaciones por teléfono e internet

El fin es luchar contra el crimen organizado.

05 de Agosto de 2009 | 13:52 | AFP
PANAMA.- El gobierno panameño de Ricardo Martinelli dio luz verde en la noche del martes a un proyecto de ley que pretende regular y rastrear las comunicaciones con el fin de luchar contra el crimen organizado, informó el Ejecutivo.

"El Consejo de Gabinete dio beneplácito al proyecto de ley que regula la obligación de las empresas operadoras de telecomunicaciones a registrar y conservar los datos de los usuarios del servicio de tecnología móvil, fija y redes de comunicaciones", dice un comunicado de Presidencia.

Según el proyecto, las compañías de telefonía móvil o fija tendrán que suministrar a las autoridades judiciales detalles como el nombre del usuario, su dirección, los números marcados, su documento de identificación personal o las características de las llamadas.

También obliga a las empresas a suministrar los detalles del servicio de internet donde se incluya la identificación del usuario, fecha y hora de la conexión o descripción del servicio.

Esto incluye a los usuarios del servicio prepago, que, según el gobierno panameño, es el más utilizado por la delincuencia organizada en sus actividades delictivas.

El Estado panameño está "comprometido en adoptar todas las medidas legislativas que considere pertinentes en la lucha contra" este flagelo, asegura el Ejecutivo.

La información que se obtenga por esta vía podrá ser proporcionada a las autoridades judiciales para la investigación de posibles delitos "siempre que exista una autorización previa de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia".

En el proyecto también se establecen las bases para "otorgar protección y seguridad a los datos" con el fin de prohibir su utilización para otros fines que no sean los de la lucha contra el crimen organizado.

El proyecto será presentado próximamente en el Congreso panameño, donde los partidos que apoyan al gobierno de Martinelli son mayoritarios.

Sin embargo, ya se han producido las primeras críticas por quienes consideran que este proyecto viola la privacidad y atenta contra la libertad de expresión.
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