BRUSELAS.- La nueva regulación europea de las telecomunicaciones, que reforzará los derechos de los consumidores y la competencia en el sector, ha entrado hoy en vigor al ser publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE), después de que la Eurocámara le diese el respaldo definitivo el mes pasado.
A partir de este momento, los estados miembros de la UE deberán trasponer estas nuevas normas a sus legislaciones nacionales hasta junio de 2011.
Para combatir la piratería o las amenazas en la Red (terrorismo, pederastia), el marco regulador incluye la posibilidad de restringir el acceso de un usuario a internet "de ser necesario y proporcionado,” únicamente tras un procedimiento justo e imparcial, que incluya “el derecho del usuario a ser escuchado".
En un principio, los eurodiputados defendieron que sólo un juez pudiese decidir la desconexión de un usuario, pero, tras un análisis jurídico de las capacidades de la UE en este ámbito, aceptaron esta solución alternativa.
El amplio “paquete Telecom” también prevé disposiciones para proteger mejor los derechos de los consumidores que utilicen estas tecnologías, de forma que, por ejemplo, podrán cambiar de operador si lo desean en un solo día, defenderse mejor del “spam” (e-mails no deseados) o las “cookies” (programas que registran la navegación en internet) o acceder más fácilmente al número de urgencias 112.
Por otra parte, la regulación introducirá medidas para estimular la competencia en el sector, modernizar la utilización del espectro radioeléctrico y garantizar la “neutralidad” de la red y que los operadores no discriminen servicios como el P2P o las llamadas de voz por internet.
También se creará un Cuerpo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (BEREC) que asesorará a la Comisión y a los reguladores nacionales, que tendrán mayor independencia de los gobiernos y la industria.
Con el mismo objetivo de incrementar la competencia, un regulador nacional podrá pedir a un operador dominante que disocie su infraestructura de red de su negocio de servicios ("separación funcional"), una medida que podrá aplicarse únicamente de forma "excepcional".
