BRUSELAS.- El Parlamento Europeo (PE) ha aprobado hoy una resolución destinada a garantizar el acceso a internet “sin restricciones” y “a precios competitivos,” y para ello destaca la necesidad de vigilar las prácticas discriminatorias y perjudiciales para los usuarios.
El texto subraya la importancia de la banda ancha “para el crecimiento económico, la creación de empleo y la competitividad europea,” y pide “preservar el carácter abierto y neutral de la red para promover la innovación y la demanda de los consumidores.”La Eurocámara alerta del riesgo de conductas anticompetitivas y discriminatorias en la gestión de las conexiones, “en particular por parte de las empresas integradas verticalmente,” según informó el Parlamento.
En este sentido, pide a la Comisión Europea (CE) que “vigile de cerca” las prácticas de gestión del tráfico, y en particular los aspectos relacionados con las tarifas excesivas para servicios de voz o vídeo (VoIP) y el bloqueo por el intercambio de ficheros.
La resolución también solicita a la CE que evalúe la necesidad de medidas adicionales para garantizar las libertades de expresión, de acceso a la información y de elección para los consumidores, así como el pluralismo de los medios de comunicación en la red.
El texto subraya que cualquier solución sobre neutralidad de la red “solo podrá ser eficaz en la medida en que adopte un enfoque europeo coherente”. También se hace eco de las preocupaciones de los ciudadanos en relación con la disparidad entre la velocidad de transmisión anunciada y la real, y solicita a los Estados miembros que hagan cumplir la prohibición de la publicidad engañosa.
La Eurocámara destaca asimismo la necesidad de proteger el derecho a elegir de los consumidores y de cambiar de proveedor con facilidad.
En este sentido, señala la necesidad de proporcionar información "clara, eficaz, útil y comparable” sobre todas las prácticas comerciales, en particular sobre internet móvil. La resolución servirá de base para las conclusiones sobre el acceso y la neutralidad de la red que el Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía de la UE prevé adoptar el próximo 13 de diciembre.