Los Reyes de España junto al presidente de la Academia, José Manuel Blecua.
EFEBUENOS AIRES.-La discusión tiene como protagonista a la lengua y se ambienta en el espacio de la red virtual, pero promete ir mucho más lejos. La Real Academia Española (RAE) busca controlar el uso de sus contenidos en Internet, lo que genera polémica en y fuera de la web.
La mecha se encendió hace algunas semanas con la exigencia al portal elcastellano.org de que retirara los avances de la vigésima tercera edición del Diccionario de la RAE, que se publicará en papel en 2014.
Sin embargo, este caso podría ser apenas la punta del iceberg de "un problema enormemente complejo y lleno de matices", alerta el poeta, ensayista y traductor argentino Jorge Fondebrider.
"Lo ocurrido con el tradicional blog elcastellano.org es que recibió una inhibición para colgar materiales supuestamente generados por la RAE por parte de un abogado del Grupo Planeta, empresa privada que se está haciendo cargo de las publicaciones de esa academia entre otras academias (ver la Academia Argentina de Letras). Es prueba palmaria y apenas un detalle de ese plan de privatización progresiva de la lengua", apunta.
El fundador de la página www.elcastellano.org, Ricardo Soca, explica: "Una entidad académica financiada por los contribuyentes españoles debería poner el saber generado en el dominio público en Internet, independientemente de que una editorial se haga cargo de la edición en papel".
"Es decir, no se trata de un tema de derechos de autor, sino de un comportamiento aético de la RAE", se lamenta el periodista uruguayo.
Con un universo de 450 millones de hablantes en 22 países, el español es actualmente la tercera lengua más utilizada en Internet y continúa creciendo, según un reciente estudio del Instituto Cervantes y el British Council.
La academia con sede en Madrid prohíbe la introducción de enlaces que faciliten el acceso directo a cualquiera de los contenidos de sus sitios web, incluido el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), que recibe alrededor de un millón de visitas diarias a través del portal www.rae.es.
Sin embargo, Soca no recibió ninguna comunicación de la RAE. "La intimación a retirar contenidos del DRAE me fue enviada inicialmente por un email anónimo de alguien que afirmaba ser portavoz del Grupo Planeta", apunta.
El autor de "La fascinante historia de las palabras" desconoce por qué la institución procedió de esa manera.
Sin embargo, aventura dos hipótesis: "Una, que está tratando de limpiar el camino para la próxima inauguración de un gran portal, financiado por el BBVA. La otra, que está atendiendo a intereses mercantiles del Grupo Planeta".
"El mensaje contiene una especie de intimación, en lenguaje jurídico y en tono colonial, en la que se me acusa de haber violado, aquí en Montevideo, ciertas leyes civiles y penales del reino de España", manifiesta el editor de la página que cuenta con unos 215.000 suscriptores.
Como Soca no cuestionó el derecho legal que les asistía de proceder de esa manera, resolvió retirar los contenidos cuestionados. El periodista e investigador asegura haber recibido incontables mensajes de solidaridad, mientras el asunto retumba en la web y las redes sociales.
Un petitorio online, "La lengua es de todos, no de las corporaciones", suma más de 22.800 firmas y exige que la RAE ponga los contenidos de su web a disposición de todos los hablantes, "sin restricciones impuestas por intereses de corporaciones privadas".
Soca relata que en cambio no tuvo respaldo alguno desde las academias de la lengua.
Un académico uruguayo, "consultado por un periodista sobre este asunto, lo remitió a la oficina de prensa de la RAE, dejando al desnudo la verdadera naturaleza del 'consenso democrático' del que se habla en los prólogos de todos los diccionarios".
"La RAE sabe que no es 'autoridad del idioma', pero pretende erigirse en una especie de notario que legitime los usos que considera 'correctos', algo que en materia de lengua es anticientífico, como ellos saben muy bien", denuncia al mismo tiempo Soca.
Fondebrider también señala que la Real Academia es una institución española que se arroga el derecho de legislar unilateralmente sobre el castellano. "Lo hace ejecutando órdenes expresas del Estado español, que en los últimos años ha tratado de imponer 'la marca España' para ejercer un dominio económico y lingístico sobre el castellano que se habla y escribe en el mundo".