VALPARAÍSO.- Tras más de seis años de tramitación y un reciente paso por Comisión Mixta, la ley que regula la venta y arriendo de videojuegos está un paso más cerca de su promulgación. Esta mañana la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, por 85 votos a favor, tres en contra y una abstención.
La normativa introduce mayores regulaciones a la distribución de juegos en Chile, enfocándose en el nivel de violencia que incluyen algunos de estos productos. El principal cambio es que todos los juegos vendidos en el país deberán indicar su calificación en el empaque, a través de una advertencia que debe cubrir el 25% de ambas caras de la caja.
Además, los distribuidores deberán exigir que quienes quieran comprar o arrendar un juego acrediten su edad a través de la cédula de identidad. El incumplimiento del reglamento significa una multa de entre una y 50 UTM, monto que se duplica en caso de reincidencia dentro de un mismo año calendario.
La ley también incluye una nueva calificación para videojuegos, que será fijada por el Consejo de Calificación Cinematográfica. Las categorías son "videojuego recomendado para niños y adolescentes", "sin contenido objetable", "no recomendado para menores de 8 años", "no recomendado para mejores de 14 años" y "no recomendado para menores de 18 años".
El proyecto, impulsado por parlamentarios de la UDI como Gonzalo Arenas, Marisol Turres, Iván Moreira y Felipe Salaberry, ha sido ampliamente criticado por sectores relacionados a los videojuegos en Chile, que aseguran que no se ataca el problema de la educación a los padres (que en la mayoría de las ocasiones son los que compran los juegos para sus hijos).
En ese sentido, la Cámara recibió un informe de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Estados Unidos (ESA), donde se manifiesta preocupación sobre los impactos de la normativa. Las recomendaciones fueron desestimadas, según se consignó en el sitio de la Cámara de Diputados, considerando que iban en contra de la idea de señalar la calificación de manera preponderante en el empaque y que el proyecto no tiene un carácter censurador.
Tras el paso por la Cámara Baja, el proyecto irá ahora a su última etapa de tramitación en el Senado.