SANTIAGO.- Familiares del ex agente chileno Enrique Arancibia Clavel se quejaron hoy por el fallo de la justicia argentina que lo condenó por el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército chileno Carlos Prats y su esposa Sofía, ocurrido en Buenos Aires en septiembre de 1974.
Arancibia Clavel fue sentenciado ayer a prisión perpetua por un tribunal argentino y es, hasta ahora, el único implicado en el crimen.
Mientras las hijas de Prats reseñaron que la sanción era positiva, la hermana del condenado, María Antonieta Arancibia Clavel, dijo que "el fallo fue de carácter político" lo que se "demuestra porque un juez otorgó la absolución" mientras que los dos restantes opinaron lo contrario.
La mujer aseguró al canal de televisión de la Universidad Católica que "de todas las personas que testificaron en Buenos Aires ninguna pudo involucrar directamente a mi hermano en el caso".
María Antonieta Arancibia Clavel acusó al gobierno del presidente Ricardo Lagos de "intervenir" en el proceso, que su hermano fue "sólo un chivo expiatorio" y que "confío en que la justicia argentina revierta el fallo" durante el recurso de casación.
Pero la ministra de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear, precisó que "al poder judicial le corresponde fallar conforme a los elementos que han sido sometidos a su consideración" y que sobre el fallo, ni Lagos, ni la cancillería se han referido al tema.
La hijas de Prats, Cecilia, Angélica y Sofía, calificaron a Arancibia Clavel como "pequeño eslabón en la cadena de mando que planificó y cometió los asesinatos de nuestros padres".
Abogaron para determinar todas las responsabilidades y estimaron que la justicia chilena debía otorgar las extradiciones solicitadas por la Argentina.
La justicia argentina reclama a los ex militares Augusto Pinochet, que fuera el jefe de estado de facto entre 1973-90, y a Manuel Contreras, Pedro Espinoza y José Zara, todos jefes de los ex servicios secretos de Chile y que tuvieron grado de general.
Arancibia Clavel fue agente de los servicios secretos del régimen militar de Chile.
Sofía Prats manifestó que "ahora espero del Ejército una reivindicación del nombre de mi padre", también una condena por el crimen y su reconocimiento a las actividades ilegales desplegadas por sus servicios secretos durante la dictadura de Pinochet.
La jueza argentina María Servini de Cubría ya envió a Santiago la orden de extradición para Pinochet, Contreras, Espinoza, Zara, como también los hermanos Iturriaga Neumann y Mariana Callejas por sus responsabilidades en el asesinato de los Prats.
Sobre esa petición abogados de la defensa de Pinochet precisaron que no correspondía por "la calidad de jefe de Estado que desempeñó entre el 11 de septiembre de 193 y el 11 de marzo de 1990".
