SANTIAGO.- El juez especial Juan Guzmán Tapia, que tramita más de 200 querellas contra el ex comandante en jefe del Ejército Augusto Pinochet, reconoció que ha recibido "presiones que provienen de diversos sectores, incluidos miembros del gobierno", por la causa que sigue contra el octogenario militar.
Así lo señaló en una breve entrevista concedida al diario francés "Le Monde", en la que agregó que además ha recibido dos amenazas en el curso de los últimos seis meses "debidas, supongo, a que he avanzado en mi investigación".
El magistrado alude a las presiones porque "no pueden más que perjudicar a una justicia verdaderamente democrática, deben cesar en Chile".
Respecto a la duración de los exámenes médicos el juez dijo, en entrevista a Chilevisión, que éstos se extenderán por cuatro días y no por dos como lo informan algunos medios. Insistió en que a Pinochet se le dio una segunda oportunidad para que se tome los exámenes médicos y para que acepte la declaración indagatoria, tal como como se haría con cualquier persona y como acostumbran a dar, la mayoría de los jueces de nuestro país, a quienes no asisten por primera vez a las citaciones judiuciales. Agregó que no se trata de ningún tipo de privilegio para el parlamentario y que lo que intenta es dar un juicio justo al militar retirado.
Consultado sobre si cree que puede concretarse un proceso a Pinochet en Chile, el magistrado confía en que toda persona puede ser juzgada en el país, ya que asegura que "los ciudadanos son iguales ante la ley y Chile es un Estado de Derecho".
Por último, Guzmán advirtió que la única forma en que un inculpado, en este caso Pinochet, pueda liberarse de un proceso, "es que sea declarado loco o demente" pues la ley chilena no contempla razones humanitarias.
De esta forma, sólo si los exámenes médicos -que se le practicarán a Pinochet a partir de mañana y hasta este viernes- determinan que sus capacidades mentales no le permiten enfrentar un juicio, el retirado militar se libraría de un proceso.
El ex comandante en jefe del Ejército es acusado de los cargos de secuestro y homicidio calificado de 57 ejecutados y 18 detenidos desaparecidos por la denominada "Caravana de la Muerte".
