VALPARAISO.- La Cámara de Diputados aprobó en general por 97 votos a favor y dos abstenciones el proyecto, en primer trámite constitucional, sobre transparencia, límite y control de gasto electoral, con lo cual la iniciativa pasó a comisiones para su segundo informe, con la idea de que vuelva a la Sala el próximo martes.
El ministro del Interior, José Miguel Insulza, se mostró satisfecho por el amplio respaldo y adelantó que ya en esta tarde comenzará la discusión de las 65 indicaciones a la propuesta legal en la comisión de Gobierno Interior, en donde espera concitar un nuevo acuerdo, especialmente sobre el porcentaje del límite de gasto de las campañas que es hasta ahora de 0,04 por ciento.
Recordó que en la Cámara están los principales dirigentes de los partidos de oposición, por lo que se mostró confiado en llegar un acuerdo nacional en esta instancia y hacer un esfuerzo por sacarlo en el Senado en el menor tiempo posible.
Específicamente, la normativa establece la fijación de un monto máximo de gasto de campaña electoral para garantizar la igualdad de oportunidades económicas de los candidatos y partidos políticos que los postulen. El límite para el caso de las candidaturas a senador, diputado o concejal será el monto que resulte de multiplicar por 0,04 UF -aproximadamente 600 pesos- el número de ciudadanos inscritos en los registros electorales de la correspondiente circunscripción, distrito o comuna.
En el caso de la candidatura a Presidente de la República, el límite de gasto electoral será el equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar por 0,03 UF el número de ciudadanos inscritos en los registros electorales del país. De producirse una segunda vuelta, el factor multiplicador será de 0,01 UF.
Como ejemplo se indica que un candidato a concejal de una comuna de 100 mil votantes podría invertir como máximo para su campaña electoral 60 millones de pesos, mientras que un postulante al sillón presidencial tendría un tope de 9 a 10 millones de dólares.
Para regular el financiamiento privado, el proyecto prohibe las donaciones de extranjeros, a excepción de los habilitados legalmente para ejercer en Chile el derecho de sufragio; las de órganos de la administración del Estado y las de personas jurídicas de derecho público o privado sin fines de lucro. Asimismo, las donaciones anónimas están permitidas en hasta un 5 por ciento del límite del gasto electoral definido.
Además, se establece que todo aporte de campaña electoral a un candidato o partido político que supere el equivalente a 20 UTM deberá constar por escrito, consignándose la identidad del aportante.
Finalmente, la iniciativa, cuya tramitación comenzó en mayo del 2000, "crea un completo sistema de control externo del origen de los recursos empleados en las campañas electorales y de los gastos de propaganda para garantizar la transparencia y evitar la corrupción" y consagra un mecanismo de publicidad de los recursos y gastos con el mismo fin señalado en el número precedente para garantizar la transparencia.
