SANTIAGO.- Este viernes se cumplieron tres años desde que la presidenta del Partido Comunista, Gladys Marín, y el abogado de la misma tendencia Eduardo Contreras presentaran la primera querella en contra del hoy desaforado senador vitalicio Augusto Pinochet, por el denominado caso "caravana de la muerte".
Desde entonces, se han sucedido un sinnúmero de acontecimientos en torno al caso Pinochet como fue la detención en Londres del ex comandante en jefe del Ejército por orden del juez español Baltasar Garzón.
Tras su vuelta a Chile, y luego de ser desaforado por el pleno de la Corte Suprema, el general Pinochet ha debido someterse a los dictámenes de la justicia chilena, y en concreto a las resoluciones del ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, quien en los próximos días deberá decidir, en virtud de los resultados de los exámenes médicos que se le practican, sobreseer la causa o someter a proceso al desaforado senador por la homicidio de 57 personas y el secuestro de otras 18.
Después de realizar diligencias judiciales en torno al misterioso atropello que sufriera su señora el pasado 9 de julio camino a Puchuncaví, el abogado patrocinante de la primera querella, Eduardo Contreras, delineó sus posturas frente a la situación judicial en que se encuentra la causa del proceso contra Pinochet.
En declaraciones a un medio colombiano usted señaló que el Gobierno y el Ejército tendrían un acuerdo político para dar por cerrado el caso Pinochet, ¿en qué se basa dicha tesis?
-"Básicamente en que no se han cumplido los dictámenes de la Corte Suprema cuando señaló que el juez Guzmán debía practicar los exámenes médicos a Pinochet en un plazo de 20 días y que luego se procedería a interrogarlo.
La decisión de la Suprema constituía una orden al magistrado y éste, luego que Pinochet no asistió a los exámenes, debió haber dejado una constancia el martes 9 y haber realizado la declaración indagatoria para posteriormente haber encargado reo al procesado".
¿Pero esa tesis usted la infiere de estos hechos o porque maneja antecedentes concretos que le permiten afirmarla?
- "Es en base a estos antecedentes y muchos otros también. Cómo no va a ser extraño lo siguiente: la Radio Cooperativa dio a conocer que el general Izurieta habría informado a los generales en retiro de las gestiones que se han venido haciendo con el Gobierno para solucionar el caso Pinochet.
¡Si esas gestiones no se llaman acuerdos, realmente no sé qué serán!
Además hay un hecho muy significativo cuando el Presidente Lagos en la cena con los empresarios, les da a éstos la seguridad de que el asunto está siendo arreglado. ¿Por qué el Presidente de la República tendría que ver con algo que depende única y exclusivamente de los tribunales de justicia?. Y por último está la declaración del propio juez Guzmán al diario
Le Monde de que ha sido objeto de presiones por parte del Gobierno".
¿Cree usted que en la Mesa de Diálogo pudo haberse negociado con las Fuerzas Armadas el reconocimiento de los excesos cometidos a cambio de detener el "desfile de los militares" en los tribunales?
- "Me parece muy probable. Pero no sólo eso, sino que además se produce un hecho muy especial cuando el presidente de la Corte Suprema reconoce que en la reunión del Cosena se discutió el tema de la aplicación de la Ley de Amnistía.
En este caso, Hernán Alvarez debió haberse parado en ese minuto, porque el haber tratado ese tema significaba una interferencia absoluta en un ámbito propio de los tribunales. El magistrado Alvarez no debió haber aceptado que se discutiera en esa reunión cómo se aplica y se interpreta la Ley de Amnistía.
A raíz de ello , creo que lo más probable es que se vuelva a la antigua interpretación de la amnistía, que es una aplicación automática de ella, pues por mucho tiempo los jueces estudiaban si el delito se enmarcaba dentro de la fechas que cubre la ley y la aplicaban.
Sólo recién hay una interpretación correcta de la ley, pues tal como consta en la actas de la comisión que la redactó, se dice que debe ser aplicada a personas y no a delitos. Eso significa que debe haber un procesamiento previo, pues de lo contrario no se sabe a quién estamos amnistiando.
¡Lo que se quiere hacer aquí es llegar a la vieja aplicación de la Ley de Amnistía, donde los jueces amnistiaban sin antes investigar!".
¿Qué valor le da usted al esfuerzo hecho por las FF.AA de recopilar la información sobre los detenidos desaparecidos?
- "El gran, pero único mérito que tiene eso, es que por primera vez las FF.AA confiesan en forma expresa todos los delitos graves que cometieron. No hay otro valor, pues los informes están llenos de confusiones e inexactitudes que no se entienden, como el caso de Jaime Donato, quien ahora aparece lanzado al mar días antes de que fuera detenido".
¿Cuál es la aspiración última de los querellantes en el caso Pinochet?
- "El hecho de que se lo condene y se le tome preso es algo que vemos como imposible, pues sabemos la contrariedad de la justicia chilena y la lentitud de ésta.
Han pasado tres años y recién estamos hablando del primer caso de la "caravana de la muerte". A este ritmo, que es sólo culpa de la justicia chilena y de nadie más, Pinochet no resistirá el termino del juicio penal en unos 15 años más. Aun así, aspiramos a que este señor sea encausado como autor de los delitos, pues eso tiene un valor ético e histórico muy importante".
¿Cómo califica la actuación que ha tenido el juez Guzmán en este proceso?
- "Tenemos visiones positivas y negativas, pero nos parece un juez recto y transparente, pues ha actuado con la misma dedicación hacia ambas partes, pero con el cual no siempre hemos coincidido con los criterios jurídicos.
No concordamos con en el hecho de que se haya dado un nuevo plazo para los exámenes médicos y el interrogatorio, que se haya fijado el Hospital Militar como lugar donde se realicen los peritajes y que se haya aceptado Bucalemu como residencia de Pinochet.
Pero aun así nos parece un juez recto y sobre todo muy justo".
¿Han sido acertadas las acciones de la defensa?
-"No. Tengo mucho respeto por todo el equipo jurídico de Pinochet, menos por Pablo Rodríguez, porque creo que no es un hombre de convicciones democráticas. El resto me parece un equipo de alta calidad profesional, aunque con un solo defecto, y es que aunque son todos excelentes abogados civilistas, no lo son en el ámbito penal, que es la naturaleza de este caso.
Por lo mismo, creo que han cometido una gran cantidad de errores que no se debieran dar en el campo procesal penal".
¿Cuáles errores?
- "Pensar que determinados recursos suspenden los plazos. En materia penal no hay plazo que se suspenda. Pero hay un hecho muy puntal y ejemplarizador: acusan al juez Guzmán de ser parcial al decir que quiere someter a proceso a Pinochet. El problema radica en que en este viejo sistema procesal penal, el juez es investigador, acusador y condenador, no así en el nuevo sistema donde hay un juez que investiga, uno que acusa y otro de condena.
El magistrado está obligado a perseguir hasta las últimas consecuencias al tipo que está investigando, y en cierta medida es muy injusto que el mismo juez que acusa tenga que condenar. Pero eso no es culpa de Guzmán, ni de los querellantes, ni de la defensa ni de nadie".
