SANTIAGO.- Los abogados que patrocinan las querellas contra Augusto Pinochet solicitaron hoy al juez Juan Guzmán mantener la fecha original del interrogatorio al ex dictador, que había sido fijado para el próximo lunes y que ayer fue aplazado hasta el martes 23 de este mes.
El abogado Hugo Gutiérrez indicó hoy a EFE que en caso de que esta petición no sea acogida, en el escrito presentado el mediodía de este sábado se solicita que se reduzca el plazo otorgado y "se fije una nueva fecha para la diligencia, resolviendo que ésta se lleve a cabo a más tardar el jueves 18 de enero".
En la presentación se argumenta de que el aplazamiento dispuesto por el juez Guzmán a petición de la defensa de Pinochet "resulta excesivo y lesiona los derechos de sus representados".
"Han pasado tres años desde que se interpuso la primera querella contra Pinochet y aún no se le toma declaración indagatoria. Han transcurrido casi seis meses desde que el pleno de la Corte Suprema lo desaforó, encontrando que existían antecedentes suficientes para detenerlo y aún no se les toma declaración indagatoria", sostuvo Gutiérrez.
El juez Juan Guzmán resolvió postergar el interrogatorio debido a motivos de corte humanitario, en atención al agotamiento que le produjeron al octogenario militar las largas jornadas de exámenes mentales y neurológicos que se extendieron básicamente entre el miércoles y el viernes pasados.
Los querellantes señalaron que, al aplazar este trámite en los términos en que lo hizo el magistrado, implica en la práctica, "acoger el planteamiento de la defensa del inculpado, en el sentido que los resultados de los exámenes constituyen un requisito previo para la realización de esta diligencia básica".
En ese sentido, manifestaron tener la convicción de que Pinochet "no está loco ni demente" y que el tiempo otorgado por el magistrado a la defensa sólo servirá para que interpongan "todo tipo de recursos para evitar la diligencia" argumentando su mala salud física.
Los querellantes recordaron al juez que el ex gobernante militar fue desaforado por la Corte Suprema en agosto pasado "por existir graves antecedentes de su participación criminal en 19 secuestros calificados y 55 homicidios, situación que no se condice con las prerrogativas y privilegios de que Pinochet ha gozado en esta causa".
Por este motivo, solicitaron al juez acelerar el cumplimiento del interrogatorio para continuar, de manera más expedita, la prosecución del juicio, "logrando así el procesamiento criminal y la satisfacción de la necesidad de justicia de los familiares de las víctimas".
