SANTIAGO.- A través de una iniciativa legal, el gobierno evalúa penalizar a quienes no entreguen información sobre la ubicación de los detenidos desaparecidos. Y, en cambio, beneficiaría o estimularía a aquellos que la proporcionen.
Tal análisis se realizará durante estas semanas y en marzo sería planteado oficialmente, mandando al Congreso un cuerpo legal. Así los tribunales contarán con las herramientas necesarias para realizar sus investigaciones, que hasta ahora, al menos, en la Cuesta Barriga han sido infructuosas.
Esa fue la decisión a la que llegó esta mañana el comité político de La Moneda, reunión en la que se analizó in extenso el informe de las FF.AA. y las frustradas excavaciones en dicha cuesta, donde -según lo informado por la Armada- estaban enterrados seis cuerpos de detenidos desaparecidos.
La información fue entregada por el vocero de gobierno, Claudio Huepe, quien insistió en que en estos momentos es "prematuro evaluar la veracidad" de los antecedentes proporcionados por las ramas armadas.
De esta forma, el Ejecutivo estaría dando un nuevo paso, por cuanto hasta ahora toda la sociedad había pedido a los militares mayores antecedentes que pudieran arrojar resultados positivos. De hecho, el mismo ministro del Interior, José Miguel Insulza, esta mañana corroboró que se le había solicitado a las FF.AA. mayores "precisiones".
Huepe, sin embargo, no respondió en rueda de prensa cuál había sido la reacción de las ramas armadas ante tal solicitud.
Prefirió no profundizar al ser consultado de qué manera se podría beneficiar o sancionar a aquellas personas que no entregan datos o sí lo hacen sobre el paradero de las víctimas. Pese a la insistencia, el ministro respondió una y otra vez que esa información se está evaluando ahora.
Tampoco quiso responder si el beneficio a quienes entreguen datos irá en la dirección de la propuesta de José Zalaquett respecto de la llamada justicia con clemencia. "Hay múltiples iniciativas", indicó.
Sin embargo, admitió que en la misma ley de secreto, a través de la cual se supo sobre la muerte de 200 desaparecidos, se establece que puede ser constitutivo de los delitos de perjurio, falso testimonio u obstrucción a la justicia. Igualmente quienes entreguen información falsa o tendenciosa, pueden incurrir en los delitos de calumnia o denuncia calumniosa.
