SANTIAGO.- El abogado del desaforado senador vitalicio Augusto Pinochet, Pablo Rodríguez, señaló esta tarde que si hubo violaciones a los derechos humanos, estos tienen un culpable que es el autor, "y quien debía ordenar la instrucción del sumario respectivo y denunciarlo a la justicia militar o civil era el general (R) Joaquín Lagos Osorio que estaba a cargo de la división de carácter administrativo, por así llamarlo, del Ejército".
Rodríguez aclaró que "la única persona que tenía atribuciones, facultades y prerrogativas para investigar, ordenar y sumariar estos hechos era el general (R) Lagos que era el jefe de esa división. No era el Presidente de la Junta de Gobierno ni el comandante en Jefe del Ejército el encargado de investigar estas irregularidades y excesos. De acuerdo con la legislación vigente era el general (R) Lagos y así lo entendió el general Pinochet".
Reiteró que su cliente no tiene responsabilidad alguna en los hechos que se le imputan de la denominada "caravana de la muerte".
Tal como
Pinochet declaró ante el ministro Guzmán, "el General (R) Arellano Stark fue por encargo de Pinochet al norte y sur del país con el objeto de acelerar los procesos que en ese momento se estaban instruyendo, con la instrucción preciso de instar por el sobreseimiento de los inocentes y la condena de los culpables. Pero en ningún caso dando una instrucción de ejecutar irregularmente a nadie y menos de secuestrarla", agregó el abogado defensor de Pinochet.
El profesional se mostró satisfecho con la realización de la indagatoria ya que afirmó que con ella el juez Guzmán pudo darse cuenta personalmente de la incapacidad que tiene el senador Pinochet de defenderse.
Rodríguez se mostró confiado en que el ministro Juan Guzmán va a sobreseer la causa ya que consideró que sería "una aberración" someter a proceso a una persona que no es capaz de defenderse.
Dijo además que la defensa solicitó al juez Guzmán el sobreseimiento de la causa porque "en la constitución de 1980 se establece que una persona no puede ser procesada si se encuentra incapacitada de ejercer los derechos que le otorga la Constitución y la ley. Por lo tanto el proceso contra el general Pinochet sería inconstitucional".
