SANTIAGO.- Una nueva crisis interna quedó planteada en la Democracia Cristiana, tras el polémico dictamen del Tribunal Supremo del partido que no aplicó sanciones drásticas a los militantes involucrados en el escándalo de las millonarias indemnizaciones pagadas con fondos fiscales.
Desoyendo la petición de la mesa directiva de aplicar fuertes sanciones y haciendo caso omiso del informe inculpatorio del fiscal ad hoc, Jorge Correa Sutil, el tribunal decidió - en fallo dividido- aplicar sólo una censura por escrito al ex gerente general de Enap Alvaro García Alamos y absolver de todo cargo al ex secretario general de la misma empresa Marcelo Rodríguez.
En tanto, igual resolución, pero en forma unánime, adoptó respecto del ex vicepresidente ejecutivo de Enami Patricio Artiagoitía.
Frente a esta resolución, la mesa directiva acordó ayer por la tarde, por unanimidad, presentar hoy ante el mismo organismo un recurso de reconsideración, basado en el artículo 83 de los estatutos partidarios, por considerar que la medida aplicada a los militantes no es lo que corresponde.
El secretario nacional del PDC, Edgardo Riveros, dijo que este recurso lo respaldarán con los argumentos que contiene el informe del fiscal Correa, así como en el voto de minoría del propio tribunal, que establece sanciones más severas en contra de García Alamos.
El Tribunal Supremo lo preside Florencio Ceballos y Luis Eugenio Arévalo, como vicepresidente. Miembros titulares son Octavio Burotto, Renato Valenzuela, Dora Silva, Alejandro Silva, Alfredo Etcheberry, José Arévalo y Cristián Arévalo, este último secretario.
No concurrió a este fallo Octavio Burotto, quien se inhibió de la causa debido a la antigua amistad que mantiene con García Alamos.
La decisión generó ayer sorpresa, molestia e indignación en círculos políticos, tanto de gobierno como de la oposición, que vieron en el dictamen una nueva señal de la crisis ética de la DC.
El fallo se produce cuando tanto la DC como la opinión pública esperaban drásticas sanciones en contra de los involucrados.
El fiscal nombrado para investigar el caso determinó que dicho personero estableció para sí y otros ejecutivos un beneficio "excesivo, carente de justificación y razonabilidad, y que vulnera el deber de ecuanimidad de las acciones que todo militante debe observar en su vida pública".
Es más, la Comisión de Etica del partido, en su informe de noviembre, puso énfasis en que el problema suscitado no es sólo administrativo, técnico o personal, sino que es un asunto de carácter moral, ya que se refiere a la forma cómo algunos militantes a los cuales el Estado recurrió para desempeñar altas funciones se comportaron.
No obstante, el fallo se inserta en la línea del reciente informe de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que concluyó sin establecer responsabilidades políticas en el mayor escándalo protagonizado por la Concertación, y que es investigado por el Consejo de Defensa del Estado.
En el caso de los militantes DC, Alvaro García está cuestionado por haber recibido 157 millones de pesos de desahucio tras cinco años al frente de la Empresa Nacional de Petróleos; Marcelo Rodríguez, quien obtuvo 41 millones al dejar la Enap; y Patricio Artiagoitía que recibió poco más de 32 millones luego de su salida de Enami.
De los tres, sólo Rodríguez accedió a devolver parte de los dineros, debiendo renunciar a la vicepresidencia DC.
Complacido por el fallo se mostró Patricio Artiagoitía, no sólo porque lo liberó, por unanimidad, de todo reproche por una eventual responsabilidad, sino porque ello coincide con lo establecido por el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría y el informe de mayoría de la Cámara de Diputados.
Señaló que un pronunciamiento así era lo que esperaba, porque el caso de la Enami era muy claro "y lo que demuestra esto es que durante todo el período en que estaba el escándalo, se actuó demasiado apresuradamente sin hacer las distinciones básicas. Ahora, que ha pasado el tiempo, se entiende bastante mejor lo que pasó y lo que no pasó y lo equivocado que fueron tantos disparos al voleo en ese momento".
Conflictiva Situación
El conocimiento de la resolución del organismo disciplinario, que preside el abogado Florencio Ceballos, vino a sumarse a la conflictiva situación que vive el principal partido de gobierno por los acuerdos recientemente adoptados por el Consejo y la Junta Nacional en materia de candidaturas parlamentarias, que incluso motivaron la renuncia a la primera vicepresidencia de la directiva de la senadora Carmen Frei.
La información de la resolución del TS empañó de paso el proceso de primarias que ayer se realizó y que el PDC pretendía mostrar como un ejercicio de democracia interna.
Gobierno Se Margina
Fuentes de La Moneda señalaron ayer que el Gobierno no tiene nada que decir sobre la determinación adoptada por el Tribunal Supremo de ese partido. Explicaron que cuando correspondió, al estimarse que podría haberse cometido alguna irregularidad de carácter judicial, los antecedentes fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado.
Hasta el 21 diciembre, este organismo había presentado 43 denuncias en los tribunales contra igual número de ejecutivos presuntamente involucrados en indemnizaciones irregulares.
De éstas, tres corresponden a Enap, 20 a Correos, y dos a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, en lo que respecta a lo penal. Se agregan acciones en lo civil que afectan a 18 ex ejecutivos de Correos.
Estas medidas suponen el cumplimiento del Gobierno a lo que en su oportunidad sostuvo el Presidente Ricardo Lagos, en el sentido que la justicia debe decidir la comisión de delitos, señalaron las fuentes consultadas.
En el caso de las responsabilidades morales y éticas, correspondía a los partidos políticos, sobre la base de sus normas internas, pronunciarse si los ex personeros cuestionados se hacían merecedores a sanciones.
Por lo mismo, según lo que se indicó, debe ser la DC la que debe responder a la ola de críticas que seguramente desatará la determinación, y no el Gobierno.
El subsecretario del Interior, Jorge Burgos, aunque dijo desconocer la existencia del fallo, se mostró sorprendido. "Si es cierto lo que usted me consulta, no lo puedo creer", expresó.
Indignación de Diputados
El jefe de la bancada de diputados DC, Miguel Hernández, calificó de "desilusionante, frustrante y de una vergüenza" el dictamen.
Hizo presente que, a pesar de que el 90 % de las indemnizaciones pagadas en las empresas públicas son legales, lo que siempre se criticó fue la inmoralidad en los abusos cometidos.
En su opinión, lo que se buscaba en el partido no eran las responsabilidades penales, sino que las políticas "y aquí se hizo caso omiso de ello".
Con esta situación, dijo, "una vez más queda demostrado el mote de "amarillos" con que mucha gente nos moteja a los democratacristianos y se da la razón a quienes nos critican y dicen que nosotros tenemos poco menos que un pacto de sangre para encubrir cualquier cosa de militantes".
Recordó que el ex Presidente Frei, en los descargos por escrito que hizo ante la comisión investigadora, dijo que en el pago de indemnizaciones hubo funcionarios que abusaron de su confianza, y que "el fallo del Tribunal Supremo nos deja hoy día en el más absoluto de los ridículos".
El presidente de la Comisión de Economía de la Cámara, que investigó el tema, Sergio Velasco, estima que las medidas que el tribunal debió adoptar debieron ser más estrictas, para que fueran ejemplarizadoras para otros funcionarios DC del gobierno.
Sostuvo que existían responsabilidades políticas, judiciales y morales en ejecutivos. "Si existen argumentos jurídicos como para que el TS haya tomado esa decisión, yo la respeto, pero no la acato, porque por mucho menos a otros militantes se les ha sancionado y castigado y esto fue realmente un escándalo de carácter nacional impresentable ante la opinión pública".
Según
