SANTIAGO.- Después de un mes de diligencias y espera judiciales, el ministro de fuero en el denominado caso "caravana de la muerte", Juan Guzmán Tapia, decidió someter a proceso al desaforado senador vitalicio, Augusto Pinochet, por su presunta responsabilidad en los homicidios y secuestros de la delegación que encabezó en el norte del país el general Sergio Arellano Stark entre septiembre y octubre de 1973.
La determinación judicial quedó de manifiesto tras conocerse en detalle el auto de procesamiento en calidad autor mediato del secuestro de 18 personas y el homicidio calificado de otros 57 disidentes del gobierno militar en el citado caso, dejando al general (r) Pinochet en arresto domiciliario en su residencia de La Dehesa, determinando que sea custodiado por efectivos militares.
Tanto en el mundo político como en el judicial la decisión del ministro Guzmán de someter a proceso a Pinochet por su responsabilidad en los delitos cometidos contra 75 personas, provocó reacciones de alegría y de molestia.
La abogada querellante Carmen Hertz sostuvo que "esta decisión viene a confirmar los 27 años de perseverancia y de lucha por la justicia y contra
la impunidad".
El argumento es apoyado por el diputado socialista y también querellante en la causa, Juan Bustos, quien precisó que esta medida "significa una enorme alegría para los familiares de los detenidos desaparecidos", añadiendo que "esto dignifica a la sociedad chilena" y que "por fin está llegando la verdad y la justicia al país".
En tanto, otro de los abogados querellates, Hugo Gutiérrez, dijo que esta resolución no se habría logrado sin la tarea iniciada por la fallecida presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Sola Sierra. "Hoy podemos decir que la justica nos está dando lo que tanto perseguimos, sancionar al principal criminal Augusto Pinochet", expresó el penalista.
A su vez, el presidente del Partido Socialista, senador Ricardo Nuñez, admitió que la decisión del ministro de fuero representa un "gran cambio en la historia del país. A partir de esta resolución hay un Chile nuevo, que empieza a escribir su historia sobre la base de un Estado de Derecho y sobre la base de las normas más fundamentales de los derechos humanos".
Según el legislador, el proceso al general retirado establece claramente los cimientos de una democracia sólida donde los poderes judiciales tienen plena autonomía para tomar decisiones.
No tan optimista se mostró el abogado querellante Hiram Villagra, por cuanto sostuvo que "es una noticia bastante esperanzadora, pero no es la fase final, ya que todavía quedan los recursos de amparo y apelación que presente la defensa".
Precisamente eso es lo que hará el equipo jurídico que representa al ex gobernante, cuya reacción frente al auto de procesamiento en contra de su defendido, fue "errado y acomodaticio".
Así lo manifestó el jefe del equipo jurídico de Pinochet, Pablo Rodriguez Grez, al señalar que la decisión se fundó "en el preinforme entregado por el doctor Luis Fornazzari y en las propias observaciones del ministro de fuero, no atendiendo al informe médico de los peritos".
El profesional anunció que en las próximas 24 horas la defensa presentará un recurso de apelación o amparo -ante la Corte de Apelaciones- que buscará revocar la resolución del magistrado Juan Guzmán.
En tanto, el director ejecutivo de la Fundación Pinochet, general
(r) Luis Cortés Villa, calificó la decision de Guzmán como "arbitraria e ilegal". En el mismo sentido, el diputado UDI Víctor Pérez subrayó que la salida al conflicto pasa por "una solución política", tal como sucedió en otros casos que interesaban a la Concertación.
Siguiendo la premisa de que el caso Pinochet requiere de una solución política, el presidente de RN, Alberto Cardemil y el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, reafirmaron que es el único método para cerrar este episodio.
Coloma destacó que el reciente fallo confirma lo planteado por la derecha, en torno a que el desenlace del caso Pinochet iba a ser político y que "ya estaba escrito cuando se inició el proceso".
"Nosotros estamos convencidos que los tribunales fueron arrastrados a esta contienda política y luego presionados para fallar como hoy día estamos conociendo", enfatizó el parlamentario.