SANTIAGO.- El Gobierno chileno calificó hoy de "inoportuna" la querella por "obstrucción" a la justicia presentada contra los altos mandos de las Fuerzas Armadas por abogados de derechos humanos.
En enero pasado, la Corporación de Defensa y Promoción de los derechos del Pueblo (CODEPU) presentó una acción judicial contra los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas por obstrucción a la justicia en la búsqueda de los desaparecidos durante la dictadura (1973-1990).
La demanda fue admitida el 2 de febrero por un tribunal chileno, que ordenó diligencias que podrían culminar con la declaración ante el tribunal de los generales Ricardo Izurieta (Ejército); Patricio Ríos (Fuerza Aérea), Jorge Arancibia (Marina de Guerra) y Manuel Ugarte (Carabineros).
El ministro del Interior, José Miguel Insulza, tras calificar de "poco oportuno" el requerimiento, aclaró hoy que esto no significa comentar fallos de los tribunales.
El jefe del Gabinete afirmó también que la presentación contra los jefes castrenses no ayuda al clima que se vive en el país, precisamente después de las conclusiones de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos.
"La querella creo que es poco oportuna, claro que si es presentada los tribunales tienen que actuar sobre ella", dijo el ministro.
Agregó que el requerimiento "no incomoda al Gobierno" sino que simplemente "no ayuda en absoluto" en un momento en que Chile está empeñado en ir resolviendo todos los problemas derivados de las violaciones de los derechos humanos.
"He comentado una querella que presentó alguien, no un fallo judicial. Yo no he dicho absolutamente nada de la actuación de los tribunales de justicia", aclaró Insulza ante una consulta periodística.
El titular de Interior hizo estas declaraciones al despedir hoy un cargamento de ayuda humanitaria y alimentos para los damnificados por el terremoto que asoló El Salvador.
En declaraciones hechas el domingo, el ministro Insulza había señalado que la acusación contra los altos mandos militares puede exacerbar los ánimos y consideró que no tiene asidero.
También descartó que la acción inquiete a las Fuerzas Armadas, ya que, en su opinión, es poco probable que se llegue a configurar delito.
La querella fue presentada por la abogada Julia Urquieta, quien acusa a los mandos castrenses de no haber entregado el pasado 5 de enero toda la información que poseen sobre los detenidos desaparecidos al Presidente Ricardo Lagos, como se comprometieron a hacer en la Mesa de Diálogo.
El documento entregado al mandatario consigna que durante la dictadura que dirigió Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, 151 personas fueron lanzadas al mar, ríos y lagos. Además, los cadáveres de otras 20 fueron enterrados en una fosa común y los de otras 29 sepultados en distintos lugares.
Según el Informe Rettig, que documentó las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, en Chile se registraron 3.197 víctimas de la represión, de las cuales 1.185 corresponden a detenidos desaparecidos.
