SANTIAGO.- La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) solicitó hoy al gobierno hacerse parte de las investigaciones sobre los hechos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en 1973 en la base aérea de Cerro Moreno.
Así lo señaló la vicepresidenta de la organización, Alicia Lira, quien luego de entregar una carta dirigida al Comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Patricio Ríos, consideró que el Ejecutivo ha tomado una actitud "cómoda" frente a las acusaciones que pesan sobre el segundo hombre al mando de la FACh.
Argumentó que algunos organismos internacionales de defensa de los derechos humanos han planteado que "el gobierno en el caso de Gabrielli debe exigir una investigación imparcial y clara, pero también pide que el gobierno se haga parte en este proceso a través del Consejo de Defensa del Estado".
En la misiva entregada, este mediodía, en el edificio de las Fuerzas Armadas, la AFEP, pidieron al general Ríos separar de su cargo a Gabrielli, por estimar que las imputaciones que lo señalan como autor de apremios ilegítimos contra el fallecido contador de Inacesa, Eugenio Ruiz Tagle y otros ex detenidos en la base aérea de la Segunda Región, en 1973, constituyen elementos suficientes para que así sea.
Alicia Lira considero que "las graves acusaciones -en contra de Gabrielli- realizadas por quienes estuvieron detenidos en Cerro Moreno, en 1973", junto a la actitud de este de defenderse mediante la Ley de Seguridad del Estado, hacen exigibles su renuncia.
"La actitud del Comandante Ríos al entregar el respaldo a su institución nos parece de la suma gravedad, ya que los tribunales son los únicos que deben decir la última palabra en temas relacionados con la justicia", enfatizó la dirigenta.
Agregó que las instituciones armadas deberían expulsar a los militares que se han visto involucrados en actos de torturas, ya que, por ejemplo, en las querellas contra el jefe del Estado Mayor de la FACh sólo podrán ser investigadas a cabalidad si Gabrielli abandona el cargo.
"Un personero que se esconde detrás de una ley antidemocrática si es inocente no tiene porque utilizar esa ley, además el no tiene fuero porque no es Comandante en jefe", aseveró al esgrimir que el militar se ha contradecido en sus declaraciones al primero indicar que nunca participó en funciones de seguridad y luego reconocer su participación en el traslado de los presos políticos.
La dirigente indicó que los familiares de las víctimas del régimen castrense no están dispuestos a "detener el proceso que hoy felizmente los tribunales y muchos jueces dignos han tomado como tarea seguir la verdad y aplicar justicia", pese a las opiniones de que esto afectaría la paz social y el normal desarrollo de la democracia.
