SANTIAGO.- El auditor de la Fuerza Aérea, general Ernesto Arévalo, presentó esta mañana en el 8.o Juzgado del Crimen de Santiago una solicitud para revisar las dos querellas interpuestas en contra de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros.
Este escrito se suma al presentado el viernes pasado por el asesor jurídico del Ejército, Hernán Novoa, quien solicitó a la jueza María Inés Collin que revierta la determinación de acoger las querellas y no se siga adelante con la investigación, en la que ya han prestado declaración extrajudicial cerca de 50 personas, la mayoría familiares de desaparecidos.
La primera querella fue interpuesta por 15 hijos de detenidos desaparecidos y fue patrocinada por la abogada Julia Urquieta. Este recurso judicial fue aceptado a tramitación por el juez subrogante del 8.o Juzgado del Crimen de Santiago, Patricio Souza.
La segunda querella fue presentada por otros 14 familiares de desaparecidos y ejecutados políticos y fue patrocinada por la abogada de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) Alejandra Arriaza. Este querella fue aceptada a tramitación por la magistrado María Inés Collin.
Ambas querellas en contra de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros son por obstrucción a la justicia y por las diferencias que existen en la información entregada en el marco de los resultados de la mesa de diálogo y la información que manejan los familiares de as víctimas.
Respecto de la obstrucción a la justicia, se explicó que se trata de un delito accesorio que se configuraría cuando un tribunal competente está conociendo una causa en que se investigan hechos ilícitos y paralelamente se intenta obstaculizar esa investigación.
Sin embargo, se advirtió que esa situación no ocurriría en el proceso que instruye el 8.o Juzgado del Crimen de Santiago por obstrucción a la justicia, ya que ese tribunal no está abocado a ninguna causa en que se esté investigando un delito, cuyo esclarecimiento se esté intentando obstruir.
Además, se planteó en el escrito de la institución castrense que la ley del secreto establece que todas las personas que recopilaron antecedentes destinados a esclarecer el paradero de los detenidos desaparecidos tienen derecho a reserva de su identidad y se les exime de la obligación de declarar ante los tribunales, siendo equiparado su secreto al de carácter profesional, como de los abogados, médicos o confesores.
Por ello, se remarcó que quienes proporcionaron la información útil y conducente para establecer el destino final de los desaparecidos no pueden ser imputados del delito de obstrucción a la justicia, al estar amparados en esa normativa dictada especialmente para tal efecto.
Con la solicitud de la Fuerza Aérea se concreta el acuerdo de una estrategia conjunta en esta materia por las tres ramas de las FF.AA. y Carabineros, ya que el escrito sería en términos similares al presentado por el Ejército que consta de 11 fojas, entre las cuales está la documentación acompañada.
