VALPARAISO.- Los diputados Antonio Leal (PPD) y Jaime Mulet (DC), junto a los padres y a la pequeña hija del joven asesinado supuestamente por una pandilla juvenil, Aldemir Contreras, señalaron hoy que presentarán una querella criminal ante los tribunales de Copiapó contra todos los que resulten responsables de este crimen.
Asimismo, los parlamentarios se comunicaron de inmediato con el ministro de Justicia, José Antonio Gómez para pedir el despacho inmediato del proyecto de ley que establece la imputabilidad penal de los menores de edad.
Leal y Mulet criticaron el hecho de que los jueces hayan dejado en libertad a los menores de edad que ya habían participado en el crimen de otro poblador hace un mes y medio en Copiapó y pidieron a los tribunales de justicia que apliquen con rigor la ley y la facultad que actualmente tienen los magistrados para establecer el discernimiento de los menores de edad, sea en el crimen de Aldemir Contreras como en el del poblador Aldo Godoy.
Los parlamentarios apoyaron la petición hecha por el intendente de la región de Atacama, Armando Arancibia y pidieron a la Corte de Apelaciones de Copiapó que nombre un Ministro en Visita para investigar estos hechos y a la vez, solicitaron -al igual que el intendente- que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte de estas denuncias.
Asimismo pidieron a la fuerza pública protección para los familiares del joven asesinado que son amenazados por las pandillas de delicuentes que habrían participado en estos hechos delictuales.
Agregaron, además, que concurrirán junto a los familiares de las víctimas a un encuentro con el ministro Gómez con el fin de acelerar la nueva ley de imputabilidad penal juvenil en virtud de la cual todo menor que cometa un delito deberá responder por este y ya no será atribución de un juez determinar la capacidad de discernimiento de estos jóvenes, ya que a partir de los 14 años serán imputables penalmente.
El diputado Leal apoyó las iniciativas del Presidente Lagos y el impulso que la municipalidad de Copiapó dará a la campaña "Una Comuna Segura" para lo cual se han entregado recursos con el fin de organizar a la propia comunidad en la defensa de los derechos de las personas y de la seguridad ciudadana.
