SANTIAGO.- El ministro secretario general de la Presidencia, Alvaro García, confirmó esta tarde la disposición del Gobierno de colaborar con la justicia para agilizar trámites vinculados a atropellos a los derechos humanos.
En declaraciones formuladas en La Moneda, la autoridad resaltó este espíritu de cooperación, tanto por la vía del aporte de recursos adicionales o de apoyo especial a los tribunales de justicia.
El ministro destacó, asimismo, la voluntad del Gobierno de cooperar con la justicia para acelerar procesos relacionados con atropellos a los derechos humanos.
La autoridad dijo que la ayuda puede traducirse a través de recursos adicionales o de apoyo especial a los tribunales.
Alvaro García precisó que "es un deber de todo chileno y chilena colaborar con este proceso por el bien del país y también de quienes han esperado por largo tiempo conocer la situación de sus familiares afectados por derechos humanos".
El secretario de Estado señaló que la disposición del Gobierno es seguir colaborando para que estos trámites se vean con la mayor agilidad posible, para lo que no se prevé que se requiera de cambios legislativos.
Sin embargo, añadió que el método a aplicar aún no se ha definido, pero -recalcó- "estamos estudiando como poder colaborar con el poder judicial y tan solo podemos ratificar nuestra disposición a hacerlo".
Consultado el motivo por el que se decidió ahora adoptar la iniciativa, el ministro señaló que se hizo en atención a que la justicia dispone en este momento de una mayor información sobre la materia, lo que es valorado positivamente, aspecto que también implica más causas y la necesidad de más recursos.
Alvaro García también fue requerido por lo expresado por el Presidente de la República, Ricardo Lagos, en el sentido de que las instituciones funcionan y la inquietud de ayudar ahora al Poder Judicial.
Al respecto, afirmó que "no es una inquietud, sino una disposición permanete del gobierno del Presidente Ricardo Lagos".
Al mismo tiempo, ratificó que, desde el primer día del Gobierno, el ejecutivo ha sostenido que la justicia debe operar con total autonomía e independencia y que el Gobierno va a cooperar en la medida que puede y en respetar sus fallos.
