SANTIAGO.- Al cumplir su primer año en el poder, el gobierno de Ricardo Lagos da por cerrada la etapa conflictiva de la transición y anuncia la reforma de la Constitución heredada del régimen militar de Augusto Pinochet.
"Estamos muy cerca de cerrar una etapa de nuestra historia, hemos alcanzado un inmenso avance en la reconciliación y la paz social", manifestó en entrevista con EFE el ministro del Interior, José Miguel Insulza.
El número dos del Gobierno chileno recordó, que hace un año, Ricardo Lagos inició su mandato presidencial "con una mayoría muy precaria y todo el mundo pronosticaba conflictos".
Sin embargo, ni el caso Pinochet, ni la situación en las Fuerzas Armadas, ni las movilizaciones sindicales desembocaron en el "mes rojo" que todos habían anunciado, agregó Insulza.
El ministro del Interior admitió que el informe en el que los militares reconocen la existencia de fosas clandestinas y desapariciones masivas de opositores al régimen de Pinochet ha provocado una gran conmoción.
Pero a su juicio, "indagar en lo que hicieron en la época del golpe los oficiales que hoy están en activo, lo único que conseguiría sería erosionar más las relaciones con las Fuerzas Armadas".
Recientemente, Insulza criticó las querellas por obstrucción a la Justicia presentadas en contra de los jefes castrenses y afirmó que la denuncia masiva de torturas durante la dictadura dificultaría que Chile avanzara en paz, palabras que fueron rechazadas incluso por sus correligionarios del Partido Socialista.
"En las Fuerzas Armadas hay claramente una actitud de superar situaciones del pasado sobre la base de dar a conocer la verdad de muchos asuntos" y, al mismo tiempo, "también hay una cierta comprensión del Ejecutivo, que en ningún caso quiere crear dificultades", manifestó.
"Las personas que sufrieron algún tipo de maltrato entre 1973 y 1974 son varios cientos de miles. Si alguien quiere presentar una querella por torturas, puede hacerlo, allá él, pero le va a ser difícil demostrarlas", dijo Insulza.
El ministro del Interior afirmó que sin la presencia de Augusto Pinochet en la actividad política, la transición en Chile habría sido mucho más fácil.
"Si en 1990 él hubiera dejado el cargo de comandante en jefe y se hubiera ido a su casa, habría gozado de más benevolencia por parte de mucha gente, y habría facilitado mucho la transición", afirmó.
Insulza, que era ministro de Relaciones Exteriores cuando Pinochet fue detenido en Londres, en octubre de 1998, subrayó el hecho de que sean los tribunales chilenos los que estén juzgando al ex gobernante.
Asimismo, el ministro consideró que los avances en la represión de las violaciones a los derechos humanos que se han producido en el último año en distintos países tienen que ver con el "caso Pinochet".
En su opinión, episodios judiciales como los que estos días están viviendo Argentina o Guatemala demuestran que las leyes de "punto final" y obediencia debida "no son suficientes para tapar el pasado".
El ministro Insulza reconoció que "en un año electoral como éste (en diciembre habrá comicios legislativos) es difícil hacer muchos cambios", pero a pesar de ello aseguró que en los próximos meses el Gobierno cerrará un acuerdo con la derecha para reformar la Constitución.
Aunque todavía no hay un acuerdo global, Insulza sostuvo que "hay un acercamiento con la oposición" y que los legisladores de la Concertación están "trabajando pacientemente en el Senado", donde la coalición gubernamental mantiene un equilibrio de fuerzas con la oposición conservadora.
Afirmó que no hará falta convocar un referéndum para reformar la Constitución heredada del régimen militar y anticipó que los cambios afectarán al rol de las Fuerzas Armadas, la existencia de senadores designados y vitalicios, el funcionamiento del Tribunal Constitucional y elementos de las bases institucionales del país.
El titular de Interior señaló que "el punto débil" de la gestión gubernamental es un desempleo del 8,4 por ciento y, entre otras medidas, anunció para este año reforma tributaria y laboral, ley de prensa, seguro de desempleo, supresión de la censura, regulación de los gastos electorales y un plan de ayuda a las pymes.
Respecto a la proyectada compra de una docena de aviones F-16 a Estados Unidos por 600 millones de dólares, José Miguel Insulza dijo que no le preocupa la carta que el Premio Nobel de la Paz Oscar Arias mandó recientemente al presidente George W. Bush pidiéndole que prohíba la operación.
"Esta es la segunda carta que envía y espero sinceramente que tenga tampoco éxito, como la primera", comentó el ministro del Interior, quien recalcó que Chile no piensa dar marcha atrás en sus planes de renovación de la Fuerza Aérea ni ha recibido "queja, comentario o consulta alguna por parte de los gobiernos de los países vecinos".
