SANTIAGO.- El abogado Sergio García sostuvo hoy que la Cancillería no está defendiendo al Estado en los litigios internacionales y que algunos funcionarios públicos confunden sus intereses personales con el bien de Chile.
El profesional realizó esta declaracones frente a la renuncia de un funcionario de esta secretaría de Estado que debió renunciar por haber redactado con errores un documento del proceso entablado contra Chile por 144 mapuches y que se sigue en la Comisión Interamericana.
En entrevista a radio Agricultura, García afirmó que la renuncia de este funcionario no resuelve el problema de la conducta errática en cuanto a defender los intereses nacionales -que en este caso serían el derecho a propiedad, en contra de las tomas de terrenos de los mapuches-, ya que "esto es una política de la Cancillería, donde se confunden los sentimientos personales de los gobernantes de turno con la inclaudicable obligación de defender los intereses del Estado de Chile".
El abogado García puso como ejemplo el dictamen de la Corte Interamericana, que obligó a Chile a levantar la prohibición de exhibir la película "La Última Tentación de Cristo", proceso en el que -a su juicio- los intereses del Estado no fueron defendidos.
"En ese caso no se plantearon las incompetencias, no se rindieron pruebas, no se contestó la demanda, razón por la cual el Estado fue condenado, y es algo que el Congreso Nacional debe investigar porque forma parte de una política de la Cancillería".
Asimismo, con respecto a la "salida amistosa" que propugna la canciller Soledad Alvear para el litigio con los mapuches, Sergio García alegó que "funcionan o no las instituciones como lo dice el Presidente de la República o sólo lo hacen cuando le conviene al Gobierno, y cuando no le convienen vamos a entrar a que otros organismos revisen estos fallos pasando a llevar lo que determina un poder del Estado, pasando a llevar lo que dice nuestra Constitución".
El abogado fue tajante en recordar que ningún pacto de carácter internacional puede prevalecer por sobre la Constitución, según elprincipiode la primacia constitucional, por lo que "no se trata de actos de error, sino que obedece a una política que debe investigarse profundamente".
