SANTIAGO.- Las abogadas Julia Urquieta y Alejandra Arriaza solicitaron hoy la reapertura del sumario de una querella criminal por "obstrucción a la justicia" presentada contra los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el director de Carabineros.
La querella contra los jefes militares fue presentada ante la titular del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, María Inés Collins, quien el 8 de marzo la rechazó y cerró la causa.
Las abogadas pidieron hoy a la jueza, a través de un escrito, que se deje sin efecto la resolución que puso término a la investigación debido a que aún se encuentran pendientes diligencias que "acreditarían la existencia de los delitos y la presunta participación de los inculpados".
Entre estas diligencias se encuentran las declaraciones de los comandantes en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta; de la Armada, almirante Jorge Arancibia; de la Fuerza Aérea, general Patricio Ríos, y el director de la policía de Carabineros, general Manuel Ugarte.
La abogada Arriaza advirtió que, según las normas del procedimiento penal, "la jueza está obligada a realizar todas las diligencias" pertinentes.
El ministro de Defensa, Mario Fernández, afirmó el pasado fin de semana que las Fuerzas Armadas han hecho un esfuerzo "que ha sido valorado por toda la ciudadanía" al colaborar en la Mesa de Diálogo y que, por lo tanto, "criticar ese esfuerzo y llevarlo a los tribunales parece ser, al menos, una paradoja".
Las profesionales también argumentan que aún no se han tomado declaraciones a los diez querellantes, que corresponden a hijos de detenidos desaparecidos.
Los querellantes acusan a los jefes militares de entregar información "amañada y falsa" y de ocultar datos en el informe que entregaron sobre los desaparecidos al presidente Ricardo Lagos en enero pasado, en cumplimiento del compromiso asumido en la Mesa de Diálogo.
La querella fue rechazada por los jefes militares, que señalaron que no "tiene base", mientras que el Gobierno la calificó de "inconcebible" y "contradictoria" y otros abogados de derechos humanos la consideraron una "aberración jurídica".
