SANTIAGO.- El diputado Antonio Leal, pidió al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, que ordene una investigación para que se determine la responsabilidad de cinco oficiales en servicio activo en la muerte del químico Eugenio Berríos, hecho ocurrido en el año 1993, en Uruguay.
Leal afirmó que "hoy comienzan a develarse los antecedentes que siempre los abogados de derechos humanos dijeron: que el químico Eugenio Berríos fue sacado del país por el régimen militar; que primero fue ocultado en Europa y luego en Uruguay. Hoy se sabe que los oficiales que se encuentran involucrados, como es el caso de Martín Borck Keim, Santiago Cárdenas, Carlos Espinoza, Pedro Jara, José Montenegros y Felipe Cabrera, es personal activo del Ejército, que participó en la DINE, que acompañó, el año 1992, a Berríos al Uruguay y que existen todos las posibilidades de averiguar cómo se materializó el crimen".
El químico contribuyó, según Leal, a elaborar el artefacto explosivo que asesinó a Orlando Letelier; ayudó en el crimen de Carmelo Soria; en el atentado de Bernardo Leighton y en la creación de distintos tipos de gases e inyecciones que se usaron con los detenidos políticos.
"Estamos frente a una situación que puede permitir dar nuevas luces sobre la participación de este químico en la DINA, junto a Manuel Contreras, Michael Townley y Mariana Callejas, puesto que el profesional operaba en un laboratorio subterráneo en la casa que había comprado Contreras para Townley, y desde allí entregaba los elementos para aplicar torturas contra presos políticos", señaló el parlamentario.
Por lo anterior, el diputado Leal solicitó al general Izurieta que ordene una investigación respecto a la posible participación del personal mencionado en la muerte de Eugenio Berríos, "y si se demuestra que efectivamente, como lo señala Investigaciones, este personal en servicio activo participó en los hechos, debe ser dado de baja inmediatamente y puesto a disposición de los tribunales, porque los crímenes que se esconden tras la muerte de Berríos son de gran magnitud".
Leal opinó que la investigación solicitada puede ser de "gran magnitud" porque se puede revelar una parte importante "del terrorismo de Estado durante el régimen de Pinochet".
"Esta investigación puede resolver la posible participación de estos militares en otras operaciones internacionales, como los asesinatos de Orlando Letelier, Carmelo Soria, el atentado de Bernardo Leighton, u otras operaciones que se realizaron junto a otros países como la Operación Cóndor", agregó.
El parlamentario dijo que "comienza a develarse uno de los hechos más escabrosos que ha vivido el país en materia de terrorismo internacional y de participación en la violación a los derechos humanos".
Antecedentes del caso
Las diligencias solicitadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y las declaraciones testimoniales prestadas por el general (r) Manuel Contreras y el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez, reactivaron el proceso por el secuestro y homicidio del químico Eugenio Berríos, cuyo cadáver fue encontrado en el balneario de Canelones, cerca de Montevideo, Uruguay, en 1995.
Esta causa, radicada en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, se inició en 1994, con la presentación de una denuncia por presunta desgracia, luego que se perdiera definitivamente el rastro del profesional que había salido de Chile en 1991, pese a que tenía pendiente una orden de arresto dispuesta por el ministro Adolfo Bañados, en el marco del proceso por el homicidio del ex Canciller Orlando Letelier.
Sin embargo, al ubicarse el cuerpo de Berríos maniatado y con impactos de bala en el cráneo, enterrado en un playa uruguaya, en 1995, se cambió la carátula del proceso a secuestro con resultado de muerte. Además, se investigan los delitos de falsificación y uso malicioso de pasaportes.
A mediados de diciembre pasado, el CDE acordó pedir nuevas diligencias para avanzar en la investigación de este caso, que fue reabierto en junio de 1998 por disposición de la Corte de Apelaciones de Santiago y luego que se recibieran importantes antecedentes, como el protocolo de autopsia del químico, que daba cuenta de una data de muerte entre enero y junio de 1993.
El abogado de la familia Berríos, Thomas Ehrenfeld, valoró la intervención del CDE, ya que en el futuro permitiría obtener mayor colaboración de la justicia uruguaya, que declinó remitir el expediente de la investigación del crimen en el Juzgado de Pando.
No obstante, informó que también esta parte ha solicitado importantes diligencias, como la declaración de funcionarios de la Cancillería acerca de las razones por las cuales se negó un salvoconducto al químico.
También fueron interrogados en el penal de Punta Peuco el general (r) Manuel Contreras y el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez, con quien habría sido visto Berríos en Uruguay.
Sin embargo, Ehrenfeld afirmó que los testimonios no aportaron datos relevantes, ya que Contreras no tiene nexos con este caso, mientras que Jiménez no habría sido muy concreto en sus respuestas.
La última vez que Berríos fue visto con vida fue en noviembre de 1992, cuando pidió protección en una comisaría, pero fue entregado a un efectivo militar uruguayo y dos civiles, perdiéndose toda pista de su paradero hasta que su cadáver fue hallado tres años más tarde.
El tema cobró nuevamente relevancia debido a que el diario electrónico "El Mostrador" publicó una noticia donde se informa que la responsabilidad del asesinato del químico recaería en cinco militares en servicio activo, de acuerdo al resultado de la orden de investigar realizada por el Departamento Quinto de la policía de Investigaciones.
