SANTIAGO.- Familiares de detenidos desaparecidos acusaron hoy al Gobierno de intervenir en las labores de los tribunales para intentar "morigerar los costos" que significa para las Fuerzas Armadas el haber entregado información "errónea y falsa" sobre el paradero de los desaparecidos.
A su juicio, la creación de un Comité Asesor para verificar los datos entregados por los militares en enero pasado al Presidente Ricardo Lagos, representa una clara intromisión en la labor de los Tribunales de Justicia.
"Lo que aquí corresponde es que sean los tribunales los que investiguen, determinen responsabilidades y sancionen a los culpables", exigió hoy la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Viviana Díaz.
Recordó que la represión que culminó con la ejecución o desaparición de presos políticos durante el régimen militar de Augusto Pinochet son "crímenes que no pueden ser amnistiados ni prescribir".
"Rechazamos, por tanto, el intento por salvar de su responsabilidad a quienes han entregado al país una información errónea y falsa. Las Fuerzas Armadas deben asumir ante toda la ciudadanía los costos que esto significa", afirmó la entidad en una declaración pública.
No obstante, Viviana Díaz hizo hincapié en que la agrupación quiere que el Comité Asesor creado por el Gobierno en el marco de la reestructuración de la Corporación de Reparación y Reconciliación "continúe, pero que su función sea otra".
Es decir, seguir con su rol histórico, que es ayudar en la búsqueda de los desaparecidos de acuerdo a lo que indica la ley de reparación.
"Lo que el Comité tiene que hacer es contribuir a los tribunales con la información que posee la Corporación para que los juicios que se llevan adelante cuenten con mayores elementos que permitan la determinación de la verdad y de la responsabilidad penal", subrayó la vicepresidenta de la AFDD, Mireya García.
En ese sentido, la dirigente señaló que el secretario ejecutivo del comité, el ex subsecretario de la policía de Carabineros, Luciano Fouilloux, no les da "confianza política" y no descartaron pedir su dimisión para que sea reemplazado por una persona "más idónea".
Los familiares de las víctimas señalaron que además de las compensaciones monetarias y beneficios en salud y educación, también se necesitan reparaciones morales, como la reivindicación de la memoria de sus parientes.
Las dirigentes de la agrupación también se refirieron a la confirmación de la identidad del desaparecido Samuel Lazo, quien fue exhumado en 1990 en el Cementerio General junto a restos de más de cien personas.
Señalaron que no prestarán oídos a trascendidos, y que sólo admitirán las pruebas de ADN y el dictamen del juez respectivo para confirmar la identidad de cualquier desaparecido.
Pidieron además que el tema sea tratado "con la mayor responsabilidad" por parte de los medios de comunicación y de los profesionales del Servicio Médico Legal que están a cargo de las identificaciones.
"Es mucho dolor, mucha la esperanza y no queremos agregar a ello la incertidumbre que provoca emitir juicios apresurados", manifestaron en la declaración pública.
Asimismo, exigieron al Presidente de la República, Ricardo Lagos, no equiparar a las víctimas con los victimarios, como hizo en su mensaje al país del 21 de mayo pasado.
"No puede igualar a quienes detentaron el poder por las armas con quienes sufrieron la muerte en sus manos, no puede igualar a quienes por más de 27 años esperan por verdad y justicia con quienes callan y sólo desean impunidad", concluyeron.
