SANTIAGO.- Un grupo de organizaciones ligadas a los derechos humanos, agrupadas en la denominada Comisión contra la Tortura, solicitará al Presidente Ricardo Lagos crear una instancia abocada a la investigación de las consecuencias de la tortura en Chile y que posibilite la rehabilitación de los afectados por esas situaciones.
Así lo indicaron representantes de las principales agrupaciones que conforman este nuevo organismo -el cual comenzó sus funciones en marzo de este año- argumentando que Chile aún no cumple con la recomendación hecha por Naciones Unidas en 1996, cuando el relator de la entidad, Nigel Rodley, indicó que era necesario investigar todas las denuncias sobre tortura.
El presidente de la agrupación de ex presos políticos, Carlos Fredes, destacó que en el informe Rettig elaborado durante el gobierno de Patricio Aylwin se excluyó de sus antecedentes a todas las personas que sufrieron torturas sin consecuencia de muerte, lo cual -según indicó- constituyen casi el 90 por ciento de las víctimas de los apremios ilegítimos que realizó el gobierno militar.
Asimismo, informó que la ONU instauró a partir de este año, el 26 de junio como el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, por lo cual en esa fecha enviarán una misiva al Mandatario para realizar esta solicitud, así como también sobre la necesidad que el país se adhiera a la conmemoración de este día, suscribiendo el convenio que lo instaura.
Para la siquiatra de la comisión de Derechos del Pueblo (Codepu), Katia Reszezynski, "no es el sobreviviente el que tiene que repararse de su tortura, no son los organismos de derechos humanos los responsables de reparar desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista social y económico a los sobrevivientes".
A juicio de la profesional, quien también fue afectada por la tortura, "es el Estado el que debe cumplir esta función también".
Por su parte, el abogado Hugo Gutiérrez, dijo que "la tortura es hoy en día uno de los delitos en contra de la humanidad que más se busca reprimir y que más se busca que haya reparación", por lo cual esto se transforma en una obligación para el Estado chileno.
