BUENOS AIRES.- La defensora oficial en Argentina del ex comandante en jefe del Ejército Augusto Pinochet (1973-90), Silvia Otero Rella, pidió este lunes a la justicia que su defendido sea sometido a un examen médico antes de declarar en la causa que investiga el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, en 1974 en Buenos Aires.
Según un comunicado de prensa de la oficina de la Defensoría General de la Nación, el planteamiento se basó en el presunto agravamiento del estado de salud de Pinochet, de acuerdo a medios locales e internacionales.
El pedido fue presentado ante la jueza María Servini de Cubría quien, ante la negativa de la autoridades chilenas de conceder la extradición del senador vitalicio para que se le tome declaración indagatoria en Argentina, se podría trasladar a Santiago, junto al fiscal Jorge Alvarez Berlanda, para concretar allí el interrogatorio sobre el doble homicidio.
Otero Rella pretende que antes de que el imputado declare, sea sometido a ''un exhaustivo examen físico'' para determinar su estado de salud, dado que de ser delicado, ''no podría ser sometido a indagatoria'', y ''no tendría objeto que (Servini de Cubría y Alvarez Berlanda) se trasladen al vecino país'', señaló el comunicado.
El traslado de la jueza y la constitución de un tribunal en Chile sería el último recurso de la justicia argentina para indagar a Pinochet, luego de que ese país negara su extradición, por diferencias en los términos procesales de ambos países y pese a que la magistrada intentó cumplir con los requisitos chilenos.
El general Prats, jefe del Ejército Chileno durante el mandato del ex Presidente socialista Salvador Allende, fue asesinado junto a su esposa el 30 de septiembre de 1974, al estallar una bomba en su automóvil en el barrio de Palermo, en la capital argentina donde estaba refugiado.
El 31 de mayo pasado, el juez chileno Jorge Rodríguez Ariztía rechazó el pedido de extradición a Argentina de Pinochet, presentado por Servini de Cubría, en un exhorto que llegó el 29 de mayo a la Corte Suprema de Chile.
Allí, reiteró un pedido de extradición planteado cinco meses antes contra Pinochet y seis de sus colaboradores, por el asesinato de Prats.
Rodríguez Ariztía, que actuó como ministro instructor designado por la Corte Suprema, consideró ''inadmisible'' la entrega de Pinochet, que enfrenta en Chile un proceso desde el pasado 29 de enero, por los 75 asesinatos y secuestros de la ''Caravana de la Muerte'' que recorrió el país en octubre de 1973, al mes siguiente del golpe que lo instaló en el poder.
El juez consideró que los argumentos de la jueza argentina ''no cumplen los requisitos fijados por la legislación chilena''.
Junto con la entrega de Pinochet, la magistrada argentina pidió su arresto en Santiago y a esa demanda se sumaron días más tarde, las hijas del matrimonio Prats.
El año pasado, el ex agente de la DINA (disuelta policía secreta de Pinochet) Enrique Arancibia Clavel, fue condenado en la capital argentina a reclusión perpetua por un tribunal oral que lo consideró ''partícipe necesario'' en el crimen.
La justicia argentina sospecha que Pinochet ordenó el atentado, mientras que Michael Townley, sindicado también como agente de la central de inteligencia estadounidense CIA, está señalado como autor material.
Townley es un protegido de la justicia estadounidense por haber brindado datos sobre el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier en ese país.
Los otros involucrados en el proceso, además de Pinochet, son el fundador de la DINA Manuel Contreras así como los militares Pedro Espinoza, Raúl Iturriaga Neumann, José Zara y los civiles Mariana Callejas y Jorge Iturriaga Neumann.
Estos ya declararon en Chile ante la jueza argentina y la Sala II de la Cámara Federal (apelaciones) de Buenos Aires rechazó en mayo un pedido de nulidad de esas declaraciones planteado por la defensa.
La misma Cámara rechazó además un pedido de prescripción realizado por la defensa de Pinochet, argumentando que el doble asesinato tiene características de los ''delitos de lesa humanidad y, como tales, son imprescriptibles''.
Se trata del mismo tribunal que en Argentina impulsó al juez Jorge Urso a investigar las ''más altas responsabilidades'' por la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador entre 1991 y 1995, que derivó en la detención del ex presidente Carlos Menem (1989-99) la semana pasada.
En marzo pasado, la jueza inició el proceso contra Pinochet para facilitar la solicitud de extradición de éste, por el delito de ''asociación ilícita en concurso real con homicidio doble calificado''.
