SANTIAGO.- El ministro de Justicia José Antonio Gómez entregó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hernán Alvarez, el oficio respectivo donde el Gobierno solicita la designación de "jueces con dedicación exclusiva" para que estudien los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar.
Uno de los acuerdo de la "mesa de diálogo" -que entregó sus resultados el pasado 6 de enero al Presidente Lagos- fue que el Gobierno debía solicitar a los tribunales de justicia la designación de ministros especiales para que investigaran causas en las que se violaron los derechos humanos tras el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973.
Atendiendo a esta solicitud, el poder judicial instruyó a todos los tribunales del país realizar un catastro para que se recopilaran en forma ordenada y específica todas las causas que se pedía investigar.
Una vez materializado este registro -que de acuerdo al titular de Justicia arrojó cerca de 170 casos- se oficializó formalmente ante el presidente de la Corte Suprema la solicitud para que la justicia nombre los jueces, el personal adjunto y los recursos necesarios para investigar dichas causas pendientes.
"Le solicitamos el nombramiento de jueces especiales, le señalamos la voluntad del Presidente de la República de entregar los recursos necesarios para el cumplimiento de esta tarea y se le señala también la reestructuración del Instituto Médico Legal", afirmó al ministro Gómez tras la reunión con Hernán Alvarez.
José Antonio Gómez puntualizó, por último, que "el número de magistrados que se designarán están estipulados en el catastro realizado por el poder judicial, pero que aún es un tema que hay que resolver con la Corporación Administrativa del poder judicial para determinar claramente el personal que se necesita y los recursos definitivos que tendrían que ser transferidos".
Con esta solicitud, el Gobierno además da cumplimiento a la promesa efectuada a los familiares de detenidos desaparecidos, quienes han reiterado en reuniones con el Presidente Lagos la necesidad de nombrar jueces especiales con dedicación exclusiva para esclarecer los casos de abusos a los derechos humanos entre 1973 y 1990.
Los abogados de derechos humanos, Pamela Pereira y Héctor Salazar -quienes integraron la instancia de conversación con las Fuerzas Armadas y la sociedad civil y eclesiástica- habían pedido insistentemente al Ejecutivo que éste acelerara el proceso de petición de jueces especiales a los tribunales de Justicia. A su juicio, desde que fue público el informe el pasado 6 de enero, poco y nada se había hecho en la materia, con el objeto de traer tranquilidad a los familiares de la víctimas.
