SAN SALVADOR.- El magistrado español Baltasar Garzón dijo aquí que confía en la justicia chilena para sobrellevar el caso del desaforado senador vitalicio Augusto Pinochet.
Garzón, quien dicta una serie de conferencias en este país, pidió a las naciones del mundo ratificar un Tribunal Penal Internacional que castigue los delitos de lesa humanidad.
"No tengo ningún argumento para desconfiar de que la justicia chilena está actuando conforme marca su ordenamiento jurídico y así debe ser", dijo Garzón en entrevista el lunes por la noche a la televisión local.
"Si no lo hicieran pues hay mecanismos dentro del sistema del ordenamiento jurídico penal chileno para exigir esa responsabilidad, como los hay en el sistema español y como los hay en El Salvador y en cualquier país democrático", agregó.
Garzón, quien dicta en El Salvador una serie de conferencias sobre el sistema internacional de justicia, logró en octubre de 1998 la detención del ex mandatario chileno en Londres, mientras se resolvía su extradición a España.
Gran Bretaña resolvió posteriormente que Pinochet no estaba en condiciones de salud para ser extraditado y permitió su regreso a Chile, donde es juzgado en la actualidad.
"Yo no me planteo las cuestiones de que si me siento satisfecho o no, es algo que no me corresponde a mí, yo soy un profesional que durante el tiempo que están los asuntos bajo mi jurisdicción tengo que aplicar las normas y desarrollar la investigación", dijo el juez español.
"Este asunto, yo entiendo que sea el que más interés pueda suscitar fuera de España (pero), para mi ha sido un asunto más dentro de mi juzgado y no precisamente de los más complejos", agregó.
Para Garzón en España hay graves problemas "de terrorismo y de otras materias delictivas" que le dan "más quebraderos de cabeza que este asunto en concreto y otros parecidos", señaló.
Garzón por otra parte, pidió a las naciones del mundo ratificar un Tribunal Penal Internacional para castigar delitos de lesa humanidad, como el genocidio, delitos de crímenes contra la humanidad, delitos de guerra y de agresión.
"Cualquier país democrático tiene la obligación legal y moral con sus ciudadanos de ratificar este instrumento, que va a funcionar en el ámbito preventivo con la seguridad de que va ha haber una instancia judicial que va a juzgar esas crímenes", señaló.
Dijo que para ser aplicado es necesaria la ratificación de 60 países. Hasta el momento 33 naciones lo han hecho, según el magistrado español.
