SANTIAGO.- El magistrado Juan Guzmán Tapia se declaró hoy incompetente para conocer el proceso por el llamado caso indemnizaciones, para lo cual había sido designado como ministro de fuero.
La semana pasada la Corte de Apelaciones le asigno el caso de las millonarias indemnizaciones que consiguieron ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).
La información fue entregada a UPI por una fuente del Poder Judicial.
Designan ministro de fuero
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió el miércoles 13 de junio, designar un ministro de fuero para investigar las millonarias indemnizaciones entregadas a tres ex funcionarios de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), aunque en ese momento no se resolvió nombrar a Juan Guzmán.
Los diputados Lily Pérez y Baldo Prokurica pidieron al tribunal la designación de un ministro en visita, o en su defecto uno de fuero, para que investigara las "abusivas" indemnizaciones entregadas al ex gerente general de ENAP, Alvaro García Alamos, al ex secretario general, Marcelo Rodríguez, y al ex fiscal de la empresa petrolera, Jaime Jara.
De acuerdo a lo informado por el presidente subrogante de la Corte de Apelaciones, Adalís Oyarzún, "por no reunirse los requisitos establecidos en el Código Orgánico de Tribunales, para la designación de un ministro en visita extraordinario, el Pleno decidió no a lugar".
Sin embargo Oyarzún especificó que "sin perjuicio de lo anterior, respecto de aquellos casos en que son parte algunos diputados, se acordó pasar esos antecedentes al presidente de la Corte para que estudiara la designación de un ministro de fuero".
La designación de un ministro de fuero para investigar supuestas irregularidades en las indemnizaciones canceladas en Enap se basa en una modificación que la nueva Ley de Prensa, en su artículo 47, introduce al artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales, extendiendo a otras autoridades que sus procesos civiles y criminales sean conocidos por un magistrado especial.
Actualmente, corresponde conocer en primera instancia a un ministro de Corte de Apelaciones de las causas civiles y criminales en que sean parte o tengan interés el Presidente de la República, los ex Presidentes de la República, los ministros de Estado, los intendentes y gobernadores, los agentes diplomáticos chilenos, los embajadores y ministros diplomáticos acreditados o en tránsito, los arzobispos, obispos, vicarios generales, provisores y vicarios capitulares.
La nueva Ley de Prensa añade entre esas autoridades a los senadores, diputados, miembros de los tribunales superiores de justicia, el Contralor General de la República, los Comandantes en Jefe de las FF.AA., el General Director de Carabineros y el director general de la Policía de Investigaciones.
