SANTIAGO.- El pleno de la Corte Suprema de Chile resolvió hoy otorgar un plazo de tres meses a los jueces especiales designados para investigar y cerrar las causas sobre violaciones a derechos humanos.
A petición del Gobierno, el pasado viernes el máximo tribunal accedió a la designación de estos jueces con dedicación exclusiva y dotados de amplias facultades, para cuyo funcionamiento el Ejecutivo comprometió recursos extras.
Fuentes del máximo tribunal informaron que serán alrededor de 20 los magistrados que se dedicarán a investigar los casos que permanecen sobreseídos por falta de diligencias, que suman alrededor de 170, según un catastro hecho por ese tribunal.
Los magistrados designados con dedicación exclusiva concentrarán tres causas o más y deberán informar a las cortes de apelaciones una vez al mes respecto a los resultados o avances logrados en las investigaciones.
Según los magistrados aunque tres meses puede ser considerado un plazo breve para terminar una causa, existen muchos procesos que tienen su tramitación avanzada y, en muchos casos, sólo faltan diligencias formales para su término.
También, en circunstancias de excepción, se podrá ampliar el plazo estipulado para el estudio de un determinado caso.
La iniciativa de nombrar jueces especiales surgió de los acuerdos adoptados en la Mesa de Diálogo sobre derechos humanos para dar con el paradero de los 1.185 desaparecidos bajo el régimen militar que encabezó Augusto Pinochet.
El abogado de derechos humanos, Héctor Salazar, que participó en la Mesa de Diálogo, dijo que ''aunque el ideal sería que se investigara durante todo el tiempo necesario, esto debe compatibilizarse con la capacidad de recursos humanos y económicos del Poder Judicial''.
Agregó que le parece correcto que por lo menos durante tres meses ''existan jueces dedicados a avanzar'' y que los casos no sigan radicados en un tribunal donde los magistrados se ven agobiados con muchas causas que investigar.
La designación de jueces especiales o con dedicación exclusiva ha generado molestias y suspicacias en las agrupaciones de familiares de las víctimas que temen que esto pueda desembocar en el cierre definitivo de los casos de violaciones a los derechos humanos.
