SANTIAGO.- Parlamentarios de América Latina, España y Portugal afirmaron hoy que la Corte Penal Internacional (CPI) es "un instrumento eficaz para prevenir los más graves crímenes de carácter internacional y sancionar a sus responsables".
"La CPI representa una pieza clave en la construcción de las estructuras internacionales necesarias para asegurar el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos", sostiene la declaración final de la V Reunión Conjunta de la Comisión Interparlamentaria Latinoamericana de Derechos Humanos (CILDH) y de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) clausurada hoy en Santiago.
Según los parlamentarios, la CPI "lejos de cercenar o menoscabar la soberanía de los Estados, es complementaria de las jurisdicciones nacionales y opera en subsidio de las mismas en los casos y formas que expresa el Tratado".
La reunión concluyó con un llamado "a los parlamentos de los países que suscribieron el Estatuto de Roma para que ratifiquen prontamente ese instrumento internacional, a fin de que la CPI pueda entrar en vigencia".
Los parlamentarios piden, asimismo, a "los países que todavía no han prestado su adhesión al Tratado, que lo hagan cuanto antes para asegurar el carácter verdaderamente universal del nuevo organismo".
El senador chileno José Antonio Viera Gallo informó a ANSA que "hasta ahora han suscrito 35 países y se necesitan 60 para que la CPI entre en vigencia".
"Ha quedado claro que a los países latinoamericanos les conviene estar entre los miembros fundadores de la Corte porque en esa medida pueden influir en tener una representación adecuada en la composición del Tribunal", señaló.
Según Viera Gallo, "el Tribunal va a entrar en funciones el próximo año de todas maneras, con o sin América Latina".
El senador socialista dijo que en la reunión de Santiago hubo consenso acerca de la necesidad de ratificar el Tratado, pero recordó que sólo siete naciones latinoamericanas lo han hecho, entre ellos Argentina, Venezuela, Costa Rica y Paraguay.
El parlamentario chileno subrayó que la ventaja de la CPI para los países más pequeños porque el Tratado "da un estatuto de garantías para que la jurisdicción internacional tenga una instancia objetiva, imparcial, independiente, con competencia clara y procedimientos pre establecidos".
"Así se permitirá prevenir y sancionar los crímenes más graves contra la humanidad sin que se produzcan intervenciones que algunos pudieran considerar arbitrarias", añadió.
Viera Gallo reiteró que la CPI significará el fin de jueces nacionales que interfieran en la jurisdicción de otros países para perseguir a acusados de crímenes graves o atroces.
"En la medida que se establece un mecanismo claro para los crímenes que tienen gran relevancia, de lesa humanidad, de guerra o el genocidio, en ese mismo momento si la jurisdicción nacional no es suficiente, habrá un tribunal objetivo y permanente al cual se podrá recurrir", especificó.
El Parlatino se comprometió a redoblar sus esfuerzos para conseguir la ratificación de la CPI "entendiendo que la existencia de una instancia objetiva, imparcial e independiente, con competencia definida y procedimientos claros, será garantía de juicios justos".
Los parlamentarios decidieron que la VI Reunión Conjunta de la Comisión Interparlamentaria Latinoamericana de Derechos Humanos (CILDH) y de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano, Parlatino, se efectuará en Buenos Aires, el primero, 2 y 3 de noviembre para analizar "El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional".
