VALPARAISO.- El ministro del Interior, José Miguel Insulza, ingresó hoy a tramitación en la oficina de partes del Senado, el proyecto sobre limitación y transparencia del gasto electoral, que si bien difícilmente estará operando como ley para las elecciones parlamentarias de diciembre, según dijo el secretario de Estado, será el marco regulatorio para las futuras campañas electorales.
El texto se presenta luego que a principios de este año fracasó una propuesta similar, la que fue aprobada en general y luego rechazados cada uno de sus artículos -que requerían quórum especial- en la votación en particular.
Insulza dijo que "esta vez esperamos que las cosas vayan mejor con la oposición, ya que la vez anterior trabajamos largamente y hasta estuvimos dispuestos a doblar el límite, y a la hora de votar en particular se dijo que no se habían dado todas las condiciones, lo cual no es cierto porque se habían aceptado todas las indicaciones que propusieron, salvo una que no alcanzó a ser conversada porque se propuso el día mismo de la votación".
La iniciativa establece un concepto de gasto electoral, definiendo un conjunto de actividades que se desarrollan durante el período de campaña, y fija un límite total del gasto electoral en 0,02 UF por elector inscrito en el lugar donde se realiza la votación.
Esto es valedero para la primera vuelta, y en caso de segunda vuelta el gasto se limita a 0,01 UF por ciudadano inscrito en la circunscripción, distrito o comuna.
También se establece una serie de normas de transparencia, que equivalen a la obligación de declarar los dineros y su procedencia, indicando que no podrá haber donaciones anónimas que superen el 5,0 por ciento del límite de gasto.
A la vez se prohíbe que una sola persona done a un candidato una cantidad superior a determinado monto a definir. También habrá un monto máximo para las entidades donantes. Las donaciones que superen las 20 UF deberán constar por escrito, individualizándose al donante.
De acuerdo al texto, las sanciones a los infractores de estas normas irían a beneficio fiscal y corresponderían al doble de la cantidad que exceda los límites establecidos en cada caso.
El proyecto fija, además, un procedimiento contable, planteando la existencia de un administrador electoral que sería responsable de que el gasto se efectúe como corresponde.
Esta exigencia exceptúa sólo a las comunas pequeñas con menos de 30.000 electores, para que no tengan que incurrir en un gasto extra en las elecciones de alcaldes y concejales.
Se entregan a los registros electorales las atribuciones para controlar el sistema.
Insulza recalcó que con esta iniciativa se busca "que no haya una vinculación tan directa como existe hoy entre el dinero y la política, porque hoy una persona anónima puede entregar a un candidato una donación sustantiva para su campaña y eso no queda registrado, y si es un donante único, por decir de alguna manera, el candidato pasa a ser casi un empleado de ese donante".
Agregó que "no es correcto que en el país se gaste tanto dinero en campañas electorales. Con este proyecto estamos limitando el gasto a 32 o 33 millones de pesos en un distrito de cien mil electores, lo que es una cifra aceptable para un distrito pequeño. En uno más grande y en una elección senatorial donde hay un millón de electores la cifra no es pequeña, sino que es de unos 320 millones, que en todo caso es un monto mucho menor de los que se gasta hoy, ya que en una estimación conservadora tenemos que la última elección parlamentaria costó cerca de 70 millones de dólares y eso es demasiado para este país".
