SANTIAGO.- Agrupaciones de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la Novena y Décima regiones, plantearon hoy la urgente necesidad de que el Gobierno provea de los recursos económicos necesarios para que los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar en la zona sur cuenten con abogados externos e independientes.
Desechando la propuesta relativa a que sea el Codepu o el Fasic los que centralicen el apoyo jurídico, dijeron a UPI que las propias organizaciones regionales vinculadas al tema deben decidir cuáles profesionales -pertenecientes a agrupaciones o, bien, independientes- son los más idóneos para hacerse cargo de las querellas.
Eso, pues el vínculo con el Gobierno podría generar limitaciones al trabajo de los juristas.
También señalaron como imprescindible que se descentralice la designación de los jueces con dedicación exclusiva para investigar casos de detenidos desaparecidos, añadiendo que estos magistrados podrían trabajar por zonas o, bien, por conjunto de querellas enmarcadas en un caso.
Estos lineamientos generales respecto a las políticas de Estado que deben desarrollarse en materia de derechos humanos para dichas regiones de la zona sur del país, es el resultado de un encuentro realizado el sábado en Valdivia y serán planteados al Ejecutivo en una reunión que se realizará en Santiago este martes 10 de julio entre el ministro del Interior, José Miguel Insulza, y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
En la jornada participaron como invitados Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), y los abogados Roberto Garretón, de la oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y Hugo Gutiérrez, del Codepu.
En la Novena y Décima regiones existen, según el informe Rettig, 368 casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
