SANTIAGO.- El Ministro Secretario General de la Presidencia, Alvaro García, no descartó hoy que la justicia reconsidere la prohibición de la denominada "píldora del día después".
Asimismo, reiteró que el Gobierno va a acatar el fallo de los Tribunales de Justicia.
En conversación con radio Cooperativa, señaló que espera que "la fuerte reacción que ha tenido la ciudadanía para demandar que se permita esta pastilla, llegue a una reconsideración por parte de los tribunales en las causas que, no me cabe ninguna duda, se van a interponer en los próximos días".
"Probablemente los tribunales revisarán este caso y eventualmente reconsiderarán su fallo, a lo mejor con información adicional, como la amplísima que ha surgido estos días desde médicos expertos y las sociedad científicas que señalan que la pastilla no es abortiva", precisó García.
Señaló que se trata de un anticonceptivo usado en muchas partes del mundo y explicó que están fabricados con los mismos componentes químicos de todos los anticonceptivos que se usan en Chile.
"Hay muchas otras peticiones para vender este tipo de píldoras en el mercado. También me parece muy importante que las políticas públicas en materia de salud sea una atribución del poder Ejecutivo y particularmente el ministerio del ramo, que tiene no sólo la atribución legal, sino la capacidad técnica para resolver estas materias", afirmó.
El secretario de Estado apoyó también al senador Mariano Ruiz Esquide quien denunció un afán en Chile por eludir temas de sexualidad. "En Chile por demasiado tiempo nos hemos echado tierra a los ojos en materias que son muy importantes para la población, como lo es la educación sexual. El sólo hecho que existan 160 mil abortos al año en Chile nos debiera llamar la atención sobre la importancia de tener adecuados métodos anticonceptivos", dijo.
Matrimonio Civil
Por otra parte, se refirió al proyecto de ley sobre matrimonio civil, que incluye la posibilidad del divorcio.
"Los matrimonios en Chile no sólo fracasan, sino que no se llevan a efecto. Los jóvenes no están casándose porque la ley vigente no les permite alternativas. De allí la decisión del Gobierno de avanzar en un proyecto de ley que establezca el divorcio, que proteja a la familia, que le dé posibilidades de reconciliarse, pero que si eso no ocurre, que dé plenas garantías a los cónyuges y a sus hijos de que van a poder vivir separados", indicó García.
